Actuar del Congreso sienta un precedente grave, según expertos

Ante el rechazo de la población, el Congreso se retractó de dos decretos que reformaban el Código Penal. (Foto: archivo/Soy502)

Ante el rechazo de la población, el Congreso se retractó de dos decretos que reformaban el Código Penal. (Foto: archivo/Soy502)

Ante el creciente descontento por el intento de aprobación de dos reformas al Código Penal, los diputados decidieron retractarse previo a que los decretos cobraran vigencia; sin embargo, para algunos expertos, la medida es "ilegal" y establece un mal precedente para la legislación nacional.

El Congreso de la República aprobó los Decretos 14 y 15 de 2017 para cambiar el delito de financiamiento electoral ilícito y protegerse a sí mismos como miembros de partidos políticos. También modificaron para que todos los delitos por debajo de los diez años de prisión fueran conmutables, para encontrar a una posible salida a los delitos de los que están acusados varios de ellos, como plazas fantasma, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo o tráfico de influencias; sin embargo, terminaron beneficiando a cientos de condenados en el país.

Tras la presión popular, el Legislativo sesionó el 15 de septiembre para eliminar estas reformas. Sin embargo, el procedimiento no está establecido por la ley y, una vez aprobados, correspondía enviar los decretos al Organismo Ejecutivo, el cual debía sancionarlos (aprobarlos) o vetarlos.

Ante este procedimiento fuera de la ley, el abogado constitucionalista Alejandro Balsells considera que archivar los decretos es una acción ridícula por parte del Parlamento porque no puede "autodesdecirse". Además, califica el precedente establecido como "nefasto".

Por su parte, el exdiputado Aníbal García coincide con Balsells respecto a que el actuar es ilegal. "Lo grave es que variaron un procedimiento constitucional y esto podría implicar un delito", añade.

A decir de García, la Carta Magna comprende un proceso legislativo del que el Congreso solo cumplió con la primera fase al aprobar los decretos y, por lo tanto, debió esperar la resolución final de la Corte de Constitucionalidad (CC) que había suspendido de manera provisional la vigencia de las reformas.

Fue una monstruosidad jurídica porque los precedentes no sirven para lo que el Congreso hizo
Aníbal García
, exdiputado.

El Organismo Legislativo debió esperar la decisión definitiva del máximo tribunal constitucional respecto a seis amparos interpuestos y, en caso de que estos no se otorgaran en definitiva, atenerse al veto presidencial, detalla el exdiputado.

La decisión de los parlamentarios, de acuerdo con García, se constituyó en un precedente "gravísimo", ya que da vía libre a que el Congreso pueda retractarse, en cualquier momento, por presiones externas. También podría implicar la comisión de los delitos de resoluciones violatorias a la Constitución e incumplimiento de deberes, al considerar que la CC había dejado el proceso en pausa.

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Postura contraria asume Marvin Flores, de Acción Ciudadana, quien afirma que se trataba de un procedimiento que no contemplaba la Ley Orgánica del Congreso, pero que para él ello no significa una ilegalidad. 

La legislación nacional no establecía el método para retractarse de una ley con un rechazo generalizado sin tener que recurrir al veto presidencial, por lo que 118 diputados aprobaron un precedente para que las leyes que reciban objeciones puedan no ser enviadas al Organismo Ejecutivo si la mayoría legislativa así lo decide.

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20 de septiembre de 2017, 05:09

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