El alcalde que enfrenta antejuicio por no entregar información pública

La municipalidad de San José del Golfo negó información pública de forma ilegal. (Foto: WikiGuate)

La municipalidad de San José del Golfo negó información pública de forma ilegal. (Foto: WikiGuate)

José Rafael Chamalé Enríquez, alcalde de San José del Golfo, es el primer jefe edil al que el Ministerio Público (MP) solicita que se le retire la inmunidad por incumplir la Ley de Acceso a la Información Pública. 

La municipalidad se negó a entregar información pública basada en una disposición municipal que establece que cierta información es “confidencial”. Por esta razón el MP acusa a Chamalé Enríquez, junto a otros nueve trabajadores y extrabajadores de la comuna, de infringir “arbitrariamente” la Ley de Acceso a la Información. Enfrentan cargos por retención de información y abuso de autoridad. 

La solicitud

La municipalidad de San José del Golfo negó en dos ocasiones a revelar el salario y honorarios devengados de todos los trabajadores y asesores de la comuna. En ambas solicitudes se justificó la negativa aduciendo que la información financiera era “confidencial” y no podía ser entregada. 

En agosto de 2016, la corporación municipal entregó a Milton Carrera Morales únicamente el listado de empleados y rechazó darle el detalle de los ingresos. Nuevamente, en noviembre de 2016, el entonces Concejal Primero de San José del Golfo, Álvaro Sandoval, hizo la misma petición y obtuvo la misma respuesta. 

Sandoval pidió que su solicitud fuera revisada por el Concejo Municipal, no obstante la respuesta fue nuevamente denegada. En la resolución que le extendió el Concejo se explicaba que el acta municipal 32-2009 establece que la información solicitada era “confidencial”. 

El acta 32-2009 era una disposición municipal aprobada por el Concejo Municipal del periodo 2008 y 2012 donde se establece que los salarios y dietas percibidas por trabajadores de la comuna no pueden ser revelados al público porque es “información sensible”. 

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Según explicó Mayra Véliz, esta acta “contraviene ilegalmente una ley superior”. Por esta razón se giraron órdenes de captura en contra de cuatro exmiembros del Concejo Municipal que aprobó el acta, en contra de cuatro miembros del Concejo actual y a la encargada de Acceso a la Información Pública. 

Por los delitos de Delito de retención de información y abuso de Abuso de autoridad se concemplan, por cada uno, de uno a tres años de prisión.

29 de agosto de 2017, 14:08

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