Bufete de la Impunidad: resuelven que juez limitó investigación del MP

Martha Sierra de Stalling era titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal y está separada de sus funciones. (Foto: archivo/Soy502). 

Martha Sierra de Stalling era titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal y está separada de sus funciones. (Foto: archivo/Soy502). 

El caso de corrupción denominado Bufete de la Impunidad, que inculpa a una red de abogados particulares y a una jueza que habría beneficiado a implicados en el proceso La Línea, ha sido reactivado por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones.

Los magistrados aceptaron los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y resolvieron dejar sin efecto la clausura y sobreseimiento que dictó el juez Mynor Mauricio Moto Morataya el pasado 16 de agosto, con lo cual el expediente se vuelve a activar.

La CICIG dio a conocer el fallo e informó que en un extracto de la resolución la sala consideró que el juez Moto restringió "la averiguación de la verdad de los delitos imputados a los sindicados, ya que no analizó si existen suficientes elementos de convicción para requerir la apertura a juicio”.

La sala ordenó al juez Moto Morataya que programe una nueva audiencia en la que deberá evaluar la totalidad de los medios de investigación y considerar si son suficientes para que los sindicados enfrenten juicio.

Este tribunal establece que el argumento del juzgador para decretar la clausura provisional y sobreseimiento, los decretó con argumentos que se dirigieron a realizar la calificación jurídica de los delitos que imputó el Ministerio Público y centró su consideración solo en algunos medios de convicción sin entrar a evaluar la totalidad de los mismos, pues centra su consideración en argumentos generales, como la intervención de llamadas telefónicas y de algunas acciones realizadas por los sindicados
Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones
, al resolver en el caso Bufete de la Impunidad.

La resolución de agosto benefició a José Arturo Morales Rodríguez, Ruth Emilza Higueros Alay, Jorge Luis Escobar Gómez, Luis Fernando Zapata Zamora y José Luis Montenegro Santos por asociación ilícita; a Miguel Ángel Lemus Aldana por cohecho activo; y a la jueza Marta Josefina Sierra de Stalling por prevaricato.

Además, dictó clausura provisional a favor de José Arturo Morales Rodríguez, Ruth Emilza Higueros Alay y Francisco Javier Ortiz Arriaga por cohecho activo; Roberto Eduardo Stalling Sierra por tráfico de influencias; y Marta Josefina Sierra de Stalling por cohecho pasivo.

La jueza suspendida expresó, el día de la resolución que la benefició, que seguía dispuesta a ser investigada. 

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16 de noviembre de 2017, 10:11

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