Buscan que jueza que declaró en caso Stalling no conozca IGSS-PiSA

La jueza Miriam Hernández (i) presentó declaración testimonial en el proceso contra Blanca Stalling por tráfico de influencias. (Foto: Marcia Zavala/Soy502)

La jueza Miriam Hernández (i) presentó declaración testimonial en el proceso contra Blanca Stalling por tráfico de influencias. (Foto: Marcia Zavala/Soy502)

El Ministerio Público busca separar a una de las integrantes del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal del juicio por el fraude conocido como IGSS-PiSA, debido a que prestó declaración testimonial en uno de los procesos contra Blanca Stalling.

Para tal efecto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) planteó una recusación contra la jueza Miriam Hernández, quien integró hace unos meses el Tribunal Noveno, mismo que empezó con el debate.

El próximo 14 de julio, se realizará una audiencia en la que el Tribunal Undécimo determinará si acepta o no la acción; sin embargo, la decisión sobre si Hernández continúa en el proceso, será tomada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones.

Si bien la jueza Hernández se ausentó del inicio del juicio por padecer dengue, estuvo presente en la audiencia en la que el juez Carlos Ruano reveló las presiones recibidas por Stalling, quien es madre de uno de los sindicados en el caso IGSS-PiSA.

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Cabe destacar que una Sala de Apelaciones rechazó hace unas semanas una excusa presentada por Hernández por los mismos argumentos.

En la diligencia del 14 de julio, también se conocerán las solicitudes de revisión de medida de coerción a través de las cuales Edgar René de la Peña, Ramiro Lorenzana, Max Quirin y el propio hijo de Stalling, Otto Molina, buscan salir de prisión.

Los procesados, señalados de ejecutar un fraude en un contrato por servicios renales de 2 millones 160 mil quetzales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) guardan prisión preventiva desde mayo de 2015.

La FECI sindica a 17 personas por la estafa a través de la Droguería Pisa y a otros 5 por el desfalco por medio de contratos de arrendamiento y remozamiento de las instalaciones que servirían para albergar la sede del IGSS en Chiquimula.

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Blanca Stalling enfrenta un proceso penal por el delito de tráfico de influencias ya que, según la investigación, presionó al juez Ruano para que se le otorgara arresto domiciliario a su hijo. 

15 de junio de 2017, 12:06

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