Consulta a Pueblos Indígenas: un diálogo que se aleja de las urnas

La falta de normativa ha provocado la suspensión temporal de empresas y conflictividad en el interior. (Foto: Alejandro Balán/Soy502)

La falta de normativa ha provocado la suspensión temporal de empresas y conflictividad en el interior. (Foto: Alejandro Balán/Soy502)

El mismo año en que Guatemala firmó los Acuerdos de Paz, ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, como un pilar fundamental para poner fin a una de las guerras civiles más largas de América Latina.

No obstante, en los últimos días, el Convenio 169 ha sido un quebradero de cabeza para los grandes inversores porque ha sido el argumento legal con el que las Cortes han suspendido operaciones de empresas, como es el caso de la hidroeléctrica Oxec o más reciente la minera San Rafael.

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Después de la resolución sobre la hidroeléctrica Oxec, la Corte de Constitucionalidad dio el plazo de un año al Congreso para emitir la normativa legal al derecho de la consulta. 

Ya se ha cumplido los dos primeros meses y el Estado trabaja a contrarreloj para cumplir con la orden.

El pasado martes, el Ministerio de Trabajo presentó la Guía operativa para la implementación de la Consulta a Pueblos Indígenas, en la cual define la consulta como un proceso de diálogo que debe promover la entidad encargada del Ejecutivo y con el que se alcancen acuerdos que garanticen los derechos de los pueblos.

  • RECUERDA:

Este instrumento se considera el primer paso hacia la creación de una normativa que debe aprobar el Congreso de la República.

¿Qué es la Consulta a Pueblos Indígenas?

Lejos de una votación de "Sí o No", la consulta es una herramienta de diálogo que concluirá con una serie de acuerdos entre el sector privado y los pueblos indígenas. Además, para que el proceso sea transparente, las conclusiones deben consignarse en un documento de dominio público.

Carmen Moreno, directora regional de la OIT, definió el proceso como "un diálogo intercultural que sirve para resolver las diferencias y genrar la suficiente confianza".

La ministra de Trabajo (izquierda) y la directora regional de OIT (derecha) explicaron los pasos de la guía operativa. (Foto: Soy502)
La ministra de Trabajo (izquierda) y la directora regional de OIT (derecha) explicaron los pasos de la guía operativa. (Foto: Soy502)

Para ello, Moreno señaló que tiene que haber "buena fe por las dos partes" y las conclusiones serán desde políticas públicas hasta proyectos de desarrollo para las comunidades.

En la guía básica presentada, se contemplan ocho pasos hasta llegar a la garantía de cumplimiento de los puntos acordados y la creación de un diálogo permanente.

Los casos

Pese a que la herramienta operativa se ha estado desarrollando en los últimos diez meses, el Ministerio de Trabajo ya está implementando esta nueva metodología en dos proyectos del país.

La titular de la cartera, Leticia Teleguario, detalló que se trata de un proyecto de trasmisión eléctrica en San Juan Cotzal y de las centrales hidroeléctricas De la Vega I y II, en el municipio de Nebaj.

Esta situación de incertidumbre jurídica pone en riesgo la llegada de nuevas inversiones en el país. Es por ello, que el Ministerio de Trabajo y Prevensión Social está trabajando en una Guía de Estándares Básicos que pueda dar las pautas sobre cómo realizar la consulta correspondiente.

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Otro caso, el de la hidroeléctrica Oxec tendrá que definirse cuando se apruebe la normativa, tal y como dicta la Corte de Constitucionalidad. Teleguario espera que las dos partes tengan posiciones favorables y alcancen pronto un acuerdo.

"Con la normativa, el escenario será muy diferente", añadió.

¿Qué es el Convenio 169?

El texto internacional consta de 44 artículos que se dividen en: Política General, Tierras, Contratación y Condiciones de Empleo, Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales, Educación y Medios de Comunicación, Contactos y Cooperación a través de las Fronteras y Administración, Disposiciones Generales y Finales.En varias ocasiones se menciona la consulta.

En primer lugar, en el artículo 6 se refiere a que "los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".

Además, en su artículo 15, el convenio señala que en caso de que los recursos pertenezcan al Estado los gobiernos deberán establecer procedimientos con miras a consultar a los pueblos a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudiciales.

El rezago de Latinoamérica

Guatemala no es la excepción en este tema y otros países de Latinoamérica también se encuentran rezagados en la reglamentación del Convenio 169.

"Había mucho rezago en todos los países, la problemática se comparte", comentó la directora regional de OIT.

Entre algunos condicionantes comunes, Moreno destacó la ausencia del Estado en las zonas indígenas y la falta de confianza entre las partes.

Por ejemplo, en el caso de Perú, explicó que la población demandaba una ley porque "les daba más seguridad".

"Cada país es diferente, solo es poner sobre la mesa cuáles son las reglas del juego", añadió.

24 de julio de 2017, 05:07

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