CC exhorta reformar el delito de financiamiento electoral ilícito

La máxima corte del país recomendó modificar el delito por el que están señalados Jimmy Morales, Roberto Villate y Orlando Blanco. (Foto: archivo/Soy502)

La máxima corte del país recomendó modificar el delito por el que están señalados Jimmy Morales, Roberto Villate y Orlando Blanco. (Foto: archivo/Soy502)

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una sentencia en la que exhorta a que los diputados reformen el delito de financiamiento electoral ilícito, el cargo por el que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron antejuicio contra el presidente Jimmy Morales y los diputados Roberto Villate (Líder) y Orlando Blanco (UNE).

"Corresponde al Organismo Legislativo y a sus diputados, luego del estudio de esta sentencia y de brindar la participación a diferentes sectores de la sociedad, producir el proceso legislativo que pueda conllevar a la reforma del segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal", se lee en el fallo de la máxima corte del país.

Esta sentencia responde a una inconstitucionalidad que presentaron tres abogados, quienes señalaron que ese artículo no especificaba una pena para la figura de financiamiento electoral ilícito que contempla en su segundo párrafo.

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Sin lugar, pero...

El punto impugnado de ese artículo establece que "se considera financiamiento electoral ilícito toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular. Además de la pena impuesta, se le inhabilitará para optar a cargos públicos".

Pese a que la CC declaró sin lugar la inconstitucionalidad planteada, decidió analizar ese segundo párrafo del artículo cuestionado y con base a ello emitir sus recomendaciones. Uno de sus argumentos es que debe analizarse si se trata de un delito que debe castigarse penalmente o si es únicamente una falta administrativa

"El hecho de no registrar una contribución o aportación en un libro contable que debe llevar una organización política, de acuerdo con las circunstancias particulares en que ocurra, podría no ajustarse al elemento cognoscitivo del dolo... ya que en este caso se desconoce la ilicitud de los aportes o estos son de carácter lícito, se estaría castigando severamente... una omisión que, incluso, pudiera ser administrativa", concluyó la CC en su resolución.

Esta es una de las conclusiones de la máxima corte del país.
Esta es una de las conclusiones de la máxima corte del país.

La máxima corte también determinó que la sanción que se emita contra los sindicados por el segundo párrafo de ese artículo debe ser menos severa que los acusados por el primero, que establece que el financiamiento electoral ilícito lo constituyen el aportar, recibir y autorizar recursos que provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito.

En ese sentido, la CC determinó que los jueces deben aplicar una pena en coherencia con la gravedad cometida, pues, según el fallo, es distinto tener conocimiento del origen ilícito del financiamiento que aceptar recursos anónimos

La CC ordena que los jueces deben emitir una sanción menor para los que aceptaron financiamiento de origen desconocido. (Imagen: Soy502)
La CC ordena que los jueces deben emitir una sanción menor para los que aceptaron financiamiento de origen desconocido. (Imagen: Soy502)

La sentencia fue emitida de manera unánime por siete magistrados de la CC. Los firmantes fueron: José Francisco Mata Vela, Dina Josefina Ochoa Escribá, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera, Henry Philip Comte Velásquez y María de Los Ángeles Araujo Bohr.

El segundo párrafo que podría modificarse es el mismo por el que el MP y la CICIG solicitaron retirarle la inmunidad al mandatario y a los diputados. Los tres casos actualmente se encuentran estancados, el primero en el Congreso y los otros dos en el Organismo Judicial.

12 de febrero de 2018, 18:02

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