Las contrataciones de Anabella que facilitaron fraudes en el Registro

La extitular del Registro General de la Propiedad es señalada de peculado por sustracción en forma continuada. (Foto: Wilder López/Soy502)

La extitular del Registro General de la Propiedad es señalada de peculado por sustracción en forma continuada. (Foto: Wilder López/Soy502)

La asignación de personas de su confianza que Anabella de Léon hizo en altos puestos del Registro General de la Propiedad Inmueble fue clave para facilitar fraudes en la institución, concluyó la perita Kathia Vargas en el debate oral que se realiza por este caso.

La experta, propuesta por la Fiscalía, explicó que los allegados de la exregistradora, como Samantha Mejía, Gustavo Azurdia, Edwin Ariel García y Donald Byrne, se encargaron de autorizar la contratación y el pago de 16 plazas fantasma, así como la adjudicación de tres eventos que facilitaron el desvío de fondos de la institución.

Según la evidencia, De León contrató a grupos de familias que, además, tenían relación de amistad entre sí y, en algunos casos, hasta de relaciones sentimentales en el momento en que firmaron los contratos laborales.

Durante la administración de la política afín al Partido Patriota se contrató a 16 personas en el Registro que no llegaron a trabajar y que significaron el pago de salarios por más de 3 millones de quetzales entre 2012 y 2015.

Entre quienes recibían un porcentaje menor del salario asignado a la plaza para simular la relación laboral figuran cinco personas que tenían contratos en otras entidades. Se trata de Otto Flores y Blanca Amaya, quienes también trabajaban en el Congreso; Blanca Chacón y Oscar Aquino, en el Ministerio de Educación; y Heidy Pirir, en el Ministerio de Cultura.

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Entre las plazas anómalas, también figuran las de Selvin Aquino, José Manuel Amaya, Yoni Valenzuela, Carlos Solórzano, Jennifer Flores, Patricia Chacón, Randy Gómez, William Valdez, Génesis Alvarado, Roosevelt Aldana y Ernesto Suray, quien además es no vidente y tenía asignadas funciones que, a criterio de Vargas, no podía cumplir por este motivo.

Cabe destacar que, según expuso la perita, todas las plazas fantasma tienen vínculos y que el denominador común de los mismos es Otto Flores, quien, según declaró en el debate una de las sindicadas, recibía el dinero que se les pagaba por la entrega de facturas e informes cada mes.

La experta agregó que los nombramientos de Anabella de León también permitieron la adjudicación de tres contratos para un desayuno y la entrega de canastas navideñas que no fueron realizados por esa entidad y que significaron un desembolso de cerca de 300 mil quetzales.

Vargas compartió su análisis en el juicio que se lleva a cabo ante el Tribunal Décimo Tercero contra 25 personas, entre las que figuran Samuel y José Manuel Morales, por fraudes en el Registro.

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10 de noviembre de 2017, 07:11

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