La justicia se toma su tiempo, hasta 10 años en algunos procesos

Ocho meses, dos, seis y hasta 10 años es el tiempo que puede tardar en resolverse un proceso judicial; con la consecuencia de que una persona pase años privada de libertad sin que sea juzgada o que su demanda laboral no se resuelva sino hasta mucho tiempo después.

Los procesos judiciales tienen esos plazos dependiendo si se trata del área penal, laboral o familiar.

En 2017, los tribunales penales emitieron 16 mil 290 sentencias, lo que representa el 22 por ciento de los 72 mil 946 casos ingresados ese mismo año.

Los tribunales están saturados y los factores que inciden en la carga judicial son tan variados, aunque destacan: poco personal para tramitar la altísima demanda, litigio malicioso o suspensión de audiencias.

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Arrollar a un peatón

Atropellar a un peatón puede llevar al conductor del vehículo a pasar como mínimo 24 horas en una carceleta, pero si las circunstancias se agravan, el tiempo en prisión puede ser semanas, meses e incluso años.

¿Recuerdas el caso de Rodrigo Banús, el joven de 25 años que arrolló con su auto al ciclista Juan Pablo Gularte en la ruta a El Salvador? Huyó del lugar, fue capturado y se le sentenció a realizar trabajo social durante un año.

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En cambio, el caso contra Jabes Meda acumula, hasta febrero de 2018, 10 meses sin que se defina si el joven enfrentará juicio por provocar la muerte de una estudiante, a quien atropelló mientras ella protestaba con compañeros de clase en la calzada San Juan. Meda permanece en prisión preventiva.

Juicios para 2019 y 2020

El Tribunal de Mayor Riesgo C ya tiene programados juicios para los siguientes dos años. En 2018 contempla realizar 15 debates, en 2019 cinco juicios y para 2020 ya tiene programado uno.

El presidente del tribunal, Pablo Xitimul, declaró: “Estaríamos hablando de tener la agenda llena hasta julio de 2020, todo el primer semestre de ese año”.

Xitumul expresó que “nosotros no nos quejamos, es nuestro trabajo y vamos a cumplir” e informó que ya solicitaron a la Corte Suprema de Justicia la asignación de dos oficiales debido a la carga de expedientes.

El juicio programado para 2019 y 2020 corresponde a la acusación que realizó el Ministerio Público en contra de 161 personas capturadas en los operativos denominados Rescate del Sur.

En total se juzgarán 38 delitos a integrantes de clicas de la estructura criminal Barrio 18. La mayoría por extorsión, asesinato y asociación ilícita. 

El caso comenzó en 2013, tres años después se realizó el megaoperativo y el juicio está programado para mediados de 2019.

Divorcio se definió en 4 años

En 2014 inicio el divorcio de una pareja cuyo matrimonio quedó disuelto legalmente a inicios de 2018.

Según la jueza del ramo de Familia que tramitó el caso, durante los cuatro años que duró el juicio de divorcio, la pareja que no quería acceder a la separación presentó una serie de recursos legales que atrasaron el proceso.

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En el área de Familia, el litigio malicioso también es una constante.

Hombres que no pueden ser notificados que se inició un juicio por pensión alimenticia o que interponen recursos para evitar que se les aplique una prueba de paternidad son algunos de los atrasos.

En 2017, el número de juicios de este tipo superaron los 11 mil y la agenda de los ocho juzgados de Familia tienen programadas audiencias para mayo y junio de 2018.

Una jueza que prefirió reservar su identidad declaró: “Necesitamos más juzgados, más personal. Es evidente la carga”.

La togada indicó que una solución es el nombramiento no solo de auxiliares judiciales, sino de jueces. “Se debe beneficiar a los usuarios y no solo descargar al juez” mencionó.

El Centro de Servicios de Familia se ubica en la 6.ª avenida y 5.ª calle en el edificio Lucky, en la zona 1, a un costado del Palacio Nacional.

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Aunque es un lugar de fácil acceso, el personal auxiliar informó que, en los días de protestas, las audiencias se suspenden porque las personas no logran llegar a tiempo a las diligencias, o deben interrumpirse por el fuerte sonido de las consignas de las protestas. “Ya no se escucha nada”, se quejó una empleada.

Drama laboral de 14 años

La historia de este hombre se remonta a 2004, cuando la Municipalidad de Mixco lo despidió de su puesto de pintor; 14 años después la demanda por reinstalación volvió a activarse.

El demandante trabajó para esa comuna ocho años e inició el juicio de reinstalación el 2 de abril de 2004.

El juzgado de asuntos laborales emitió la orden de reinstalación el 27 de mayo de ese año, pero la municipalidad incumplió a pesar de haber reiterado la resolución.

El caso quedó sin movimiento durante años y no se sabía qué había pasado con aquel exempleado hasta que volvió a acercarse al juzgado en octubre de 2017.

El hombre informó en el juzgado que debido a que no encontró trabajo y la municipalidad no lo reinstaló, decidió viajar a Estados Unidos. Permaneció ilegalmente en aquella nación hasta que fue deportado. De regreso en Guatemala, pidió reactivar el caso y que la comuna mixqueña le pague los salarios dejados de percibir mientras estuvo vigente la orden de reinstalación.

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El juez que resolvió este caso contó a Soy502 que las demandas laborales cada año se incrementan porque “hay más despidos” y las personas están más enteradas de sus derechos.

Hay despidos en los call center y en las empresas de seguridad privadas suceden con frecuencia; además, en cada inició de gobierno, los despidos aumentan, lo que genera “una gran demanda”.

Actualmente existen once juzgados laborales, dos de ellos ya tienen audiencias programadas para enero de 2019.

  • POR SI NO LO VISTE:

El año pasado, tres jueces renunciaron debido a la carga laboral y para evitar ser sancionados por el atraso en sus despachos. Los auxiliares judiciales trabajan fuera de horario laboral y fines de semana.

14 de febrero de 2018, 05:02

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