“Depurables” versión 2.0

Asociaciones civiles pidieron a los magistros del TSE no adjudicar las curules a 11 diputados que actualmente son contratistas del Estado. (Foto: Alexis Batres/Soy502)

Asociaciones civiles pidieron a los magistros del TSE no adjudicar las curules a 11 diputados que actualmente son contratistas del Estado. (Foto: Alexis Batres/Soy502)

Hace poco más de 20 años, en Guatemala se puso de moda el término “depurable” que, he de aclarar, no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española. Pero antes y ahora se entiende de la misma forma: como la necesidad de salir de aquellos diputados que no deberían seguir en el Congreso.

En ese ya lejano 1993, el clamor por depurar implicó la renuncia de 76 legisladores, convocatoria a comicios extemporáneos y la elección de 80 diputados que estarían en el cargo poco más de un año. Tiempos aquellos. Se creía, a pie juntillas, que la clase política había aprendido la lección y que los padres de la patria, de ahí para adelante, harían lo que les correspondía hacer. 

Sin embargo, como sabemos, las cosas en el Legislativo han ido de mal a pésimo. El consenso generalizado es que éste ha sido el peor Congreso de todos: casi inoperante, con apenas un par de leyes aprobadas y con más discusiones internas y alianzas perversas que las que se quisiese recordar. En los últimos días ni siquiera permitieron celebrar a los habitantes de Sipacate la creación del municipio 339: los señores y señoras salieron del hemiciclo y rompieron el quórum, sin dar mayores explicaciones, cuando apenas hacía falta una tercera lectura.

Las perspectivas a futuro no son del todo halagüeñas. El sistema, como he dicho en más de una ocasión, aun nos condena a elegir en listados que son casi incomprensibles y el poder que ejercen los caciques en ciertas localidades  es todavía muy fuerte.  Y por tanto, la reelección de ciertas figuras cuestionadas estaba casi asegurada. 

Las organizaciones civiles Jóvenes por Guatemala, Guatemala Visible y Primero Guatemala, han denunciado a los diputados/contratistas y piden,  al Tribunal Supremo Electoral que no se les permita tomar posesión. Aquí no importa si han hecho maravillas para el distrito que representan: están en violación directa del Artículo 164 de la Constitución. 

Por otro lado, están los diputados reelectos a quienes se les solicitó retirar el derecho de antejuicio porque el Ministerio Público los vincula a presuntos ilícitos. Claro está que, en todos estos casos, cabe la presunción de inocencia y los jueces tienen la última palabra, pero en algunas instancias ya habría suficientes indicios para que no se les considere idóneos, honrados, o capaces, como lo señala el Artículo 113 de la Carta Magna. 

Tres congresistas están en ambas listas: Jaime Martínez Lohayza, Baudilio Hichos y Estuardo Galdámez. Sus casos, y los de todos los cuestionados, deben aclararse lo antes posible. Las respuestas están en las decisiones que tomen los operadores de justicia de las instancias correspondientes. Muchos de ellos habrán recibido el respaldo de los electores, pero ello no significa que tengan carta blanca para operar con impunidad. La depuración por la vía legal es posible, necesaria y urgente. 

 

 
*Las opiniones publicadas en las columnas son responsabilidad de su autor, no de Soy502

14 de octubre de 2015, 10:10

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