El (des) gobierno de los jueces

La jueza Reinoso, durante su intevención en la audiencia de primera declaración. (Foto: Wilder López/Soy502)

La jueza Reinoso, durante su intevención en la audiencia de primera declaración. (Foto: Wilder López/Soy502)

Ser testigos de cómo en este país también se persigue penalmente a magistrados y jueces, y no solo a funcionarios del Ejecutivo, llena a cualquiera de esperanza. Que se haya revelado el pasado 8 de mayo, la forma cómo operan los “Bufetes de la Impunidad” comenzó a devolverle la confianza a  todos aquellos que caen en  las garras de abogados sin escrúpulos, así como de operadores de justicia que lucran con el dolor ajeno.

Combatir esta arista de la corrupción es quizá la tarea más ardua de todas. El engranaje de la maquinaria dentro del sistema judicial es casi perfecto, y su forma de operar es mucho más intimidante que limitarse a pedir “mordida”, hacer transa con un proveedor para subirle costos a una medicina, o sacar raja en la construcción de una carretera. En la corruptela en que la cárcel juega un papel clave, los policías pueden modificar partes. Los fiscales, plantar pruebas. Los jueces, cambiar resoluciones.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, compartía hace un par de días historias de verdadero horror que han quedado impunes, a pesar de las denuncias presentadas en su momento. Está, por un lado el juez “embarazador”: el típico picaflor que acosa a las subalternas allá a donde lo trasladen. O, por el otro, quien con total indecencia le sugirió a una mujer en Nebaj, Quiché, que su resolución podría serle favorable si accedía a pasar una noche con él.

En estos y muchos otros casos, los operadores de justicia se aprovechan de su posición de poder y confían en que siga vigente la dinámica del “hoy por ti, mañana por mí”, que tantas veces se ha denunciado. Y quienes se atreven a alzar la voz contra esta perversa manera de hacer las cosas, no están exentos de sufrir las consecuencias: las juezas que apoyaron las denuncias de la magistrada Claudia Escobar tuvieron que batallar por impedir traslados que, más bien, olían a represalia.

Como en casi todos los aspectos de la realidad nacional, la receta para el cambio sólo espera su momento para implementarse. Sobran las iniciativas y los diagnósticos. Hace un par de meses, el Congreso instaló una mesa para determinar qué modificaciones pueden hacerse y discutir propuestas de diversas entidades. La USAC, Asies y la URL han trabajado una reforma orientada a fortalecer la independencia ética y profesional del Organismo Judicial. Las respuestas a todas las preguntas ya están dadas. Las inquietudes sobre cada una de las aristas han sido resueltas. Faltará afinar detalles y adaptarse a la legislación existente para hacer lo que tiene que hacerse. Nadie debe valerse de su puesto para “hacer de las suyas”. Mucho menos quien tiene el deber de decidir sobre la vida de los demás. 

29 de septiembre de 2015, 09:09

*Las opiniones publicadas en las columnas son responsabilidad de su autor, no de Soy502
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