Envían a prisión a jóvenes que lanzaron cal a la Vicepresidenta

Atrás quedaron las sonrisas de Geraldin del Cid y Dairin Cristal Cotón, las dos jóvenes que en contubernio lanzaron cal a la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Luego de escuchar que la jueza Enma Vásquez resolvió ligarlas a proceso y enviarlas a prisión preventiva, ambas soltaron el llanto en la carceleta que durante las últimas horas ha sido su estancia.

Del Cid y Cotón serán enviadas a la cárcel para mujeres Santa Teresa, ubicada en la zona 18.

La jueza accedió a la solicitud del Ministerio Público (MP) y abrió proceso judicial contra ambas sindicadas por los delitos de atentando contra funcionarios públicos, castigado con penas de 5 a 15 años de prisión.

Desorden público y encubrimiento

La fiscal a cargo del proceso pidió que no se les favoreciera con una medida sustitutiva debido al peligro de fuga y por haber atentando “contra la segunda dignataria de la nación”.

Explicó que existe un video donde se demuestra que las dos mujeres lanzaron el polvo blanco, que según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses es cal, lo que se considera un atentando contra funcionario público, que en el Código Penal se sanciona con penas de 5 a 15 años.

Además de Geraldin y Dairin, se ligó a proceso y envió a prisión preventiva a José Miguel HernándezAníbal Fernando Rodríguez, a quienes además de encubrimiento, desorden y atentando contra funcionario público, se les agregó el delito de posesión para el consumo.

Durante la audiencia, las dos jóvenes no cruzaron palabras ni miradas con los dos hombres.

Entre la evidencia presentada por el MP se encuentran bolsas con cal, celulares, sobres con marihuana y pipas para el consumo de la hierba.

La jueza emplazó al MP para que el próximo 14 de marzo presente la acusación formal contra los cuatro procesados.

Segundo proceso

En el proceso penal contra las personas detenidas en las protestas, afuera del Centro Cultura, la jueza resolvió ligar a proceso a 5 de los 6 capturados, aunque los favoreció con una medida sustitutiva de Q.1,200 que pagaron horas después, recuperando su libertad.

La jueza Claudette Domínguez decidió que los hechos no eran tan solo una falta, sino un delito, por lo que se inició el proceso penal por reuniones y manifestaciones ilícitas, que según el Código Penal se castiga con prisión desde 6 meses a 2 años.

La juez explicó que “se reconoce el derecho de reunión, pero con ciertos límites” y cuestionó a los sindicados “porqué estaban con capuchas negras para ocultarse”·

Al sexto implicado, Jimmi Eduardo Quej Ambrosio, se le suspendió la persecución penal porque la mamá adujo que tiene problemas mentales y presentó un carné del hospital de salud mental Federico Mora, donde según ella es atendido. 

15 de enero de 2014, 17:01

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