Se fueron con el retiro voluntario, pero volvieron al Congreso

Este año, el Congreso abrió una nueva oportunidad de retiro voluntario, se otorgará hasta 10 años de indemnización y 5 salarios más de incentivo. (Foto: archivo/Soy502)

Este año, el Congreso abrió una nueva oportunidad de retiro voluntario, se otorgará hasta 10 años de indemnización y 5 salarios más de incentivo. (Foto: archivo/Soy502)

Luego de que en 2016 se destapara la planilla de trabajadores del Congreso y se conocieran los clanes y grandes sueldos, muchos se acogieron al retiro voluntario para evitar las críticas, las acciones legales, o porque se garantizaba una buena indemnización. Sin embargo, algunos de los que se fueron ya están de vuelta.

Según registros de la Dirección de Recursos Humanos del Legislativo, 247 personas optaron por acogerse al retiro voluntario, pues se ofreció una indemnización de 10 salarios y un incentivo de cinco más con el propósito de que optaran por irse del Congreso, así reducir la planilla y eliminar los clanes.

Mario Taracena, expresidente del ese organismo, recordó que luego de ver que la planilla tenía 1 mil 696 trabajadores bajo el renglón permanente 011 y que muchos ganaban al mes hasta 50 mil quetzales siendo conserjes o secretarias, se decidió realizar cambios a la ley y prohibir, entre otras situaciones, que un empleado gane más que un diputado o que se contrate a familiares.

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Esa decisión provocó la molestia de varios trabajadores, pero también preocupó a otros que optaron por el retiro voluntario. No obstante, Soy502 identificó que al menos tres personas se acogieron a este beneficio, se les pagó su indemnización y están de regreso trabajando para el Legislativo.

Una de ellas es Karol Lissette Flores Rivera, quien hasta agosto del año pasado se desempeñó como secretaria ejecutiva devengando 15,107.35 quetzales al mes, optó por el retiro voluntario y se le indemnizó con Q214,014.98. Fue recontratada en un renglón para empleados temporales con un salario de 10 mil quetzales al mes, para asistir al diputado del Frente de Convergencia Nacional, Eduardo Ramiro de Matta, actual Segundo Vicepresidente del Congreso.

Lo mismo ocurrió con la secretaria ejecutiva Aura Cristina Mancilla Rosales, quien devengaba 20,644.86 quetzales al mes, se retiró voluntariamente y recibió una indemnización Q585,257.78. No obstante, a pesar de su retiro, fue recontratada como secretaria de la Dirección Administrativa con una salario de 8 mil quetzales.

Ronaldo Contreras Castañeda es otro de los trabajadores que se fueron con el retiro voluntario, renunció a un salario mensual de 12,543.41 quetzales y recibió una indemnización de Q171,876.63 por sus 7.9 años de servicio. Pese a ello, ya está de vuelta y, aunque ahora devenga Q7 mil al mes, trabaja como secretario para el diputado Arístides Crespo, quien recientemente perdió su inmunidad al ser investigado por la creación de plazas fantasma cuando estuvo en la Junta Directiva del Congreso.

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Según varios empleados, algunos de los que se retiraron lo hicieron para tener su indemnización y así poder pagar sus deudas. Nunca se imaginaron que podrían estar de vuelta.

Vacío legal

Ángel Ramírez, de Congreso Transparente, indicó que a pesar de los esfuerzos por reducir la planilla del Legislativo, quedaron algunos vacíos, como la prohibición de recontratar a quienes ya se habían ido. “Eso no significa que sea correcto”, lamentó.

Están manteniendo la utilización de los recursos del Congreso y de su servicio civil para intereses particulares. Siguen usando las reglas del pasado a pesar de los cambios. No se ve por dónde se pueda detener a esos que quieren seguir con el nepotismo, el tráfico de influencias o las plazas fantasma
Ángel Ramírez
, Congreso Transparente.

Lo que más lamenta Ramírez es que esta práctica, que ya se evidenció, abre la puerta para mantener ese tipo de acciones de opacidad, no solo de los diputados, sino de los sindicatos.

Mientras que Ricardo Barreno, politólogo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), cree que el problema se encuentra en la falta de un orden administrativo que permita seleccionar a las personas con mejores capacidades y un ente para monitorear su desempeño; por el contrario, se contrata a una persona a dedo.

El comportamiento del Congreso se ha caracterizado por una complicidad entre el trabajador y el diputado y viceversa. El puesto de asesor, secretaria o administrativo muchas veces es utilizado por los diputados para incrementar su salario mensual, lo cual crea una relación de necesidad y dependencia, en la que el empleado necesita trabajar y el legislador aumentar sus recursos
Ricardo Barreno
, Incep.

Para Barreno se evidencia la falta de voluntad que existe en el Congreso para arreglar todo lo relacionado con el servicio civil, cuando el tema ni siquiera se menciona, y los cambios se han discutido de manera opaca y solo buscando beneficio para los congresistas.

Boris España, Primer Secretario del Congreso, explicó: “Si el diputado solicitó al empleado, ya es responsabilidad de él, pero si tiene capacidades especiales, puede tomarse en cuenta”.

El parlamentario rechazó que la Directiva haya tenido conocimiento de que se contrataba a una persona o tres que se había acogido al retiro voluntario. “Seguramente el empleado fue solicitado por el diputado amparado en los tres trabajadores que permite la ley”, detalló.

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15 de noviembre de 2017, 05:11

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