Gracias presidente Taracena, pero….

El polémico diputado, Mario Taracena, fue electo como el nuevo presidente del Congreso. (Foto: Alexis Batres/Soy502)

El polémico diputado, Mario Taracena, fue electo como el nuevo presidente del Congreso. (Foto: Alexis Batres/Soy502)

Soy de las que celebra la decisión adoptada por el diputado Mario Taracena de dar a conocer, por fin, la nómina de los empleados 011 del Congreso. Espero que también cumpla con su ofrecimiento de hacer públicas todas las contrataciones 022 y 029 durante su gestión y que el Legislativo sea ahora más transparente, no solo con estas planillas, sino con lo demás.

También me satisface saber que el flamante presidente tenga claro que lo que hizo no es una graciosa concesión, sino su responsabilidad. Lo dijo en su cuenta de tuiter y en una entrevista publicada esta semana en un medio escrito, en la que aseguró que esta acción “no es un gran mérito”, sino simplemente respetar la Ley de Acceso a la Información Pública

Cuando esta normativa se aprobó en 2008 se culminaba con un tortuoso proceso, iniciado en 1999, que pretendía reforzar los Artículos 30 y 31 de la Constitución, en donde se establece que “todos los actos de la administración son públicos”. Hubo varios intentos fallidos (entre ellos la Ley de Habeas Data), hasta que se obtuvo el respaldo de la mayoría de diputados. Resulta irónico, por tanto, que el Organismo Legislativo haya sido tan hermético en asuntos que, digo yo, debieron causar escándalo a lo interno. Aquí no caben las excusas. No pueden apelar al desconocimiento, por ejemplo. Ni argumentar, como lo hizo la Junta Directiva pasada, que la información sobre salarios no se le entregaba a nadie, porque “eran datos sensibles de los trabajadores”.

El Artículo 10 del Decreto 57-2008 no puede ser más claro. Establece que es información pública de oficio el “número y nombre de funcionarios, servidores públicos, empleados y asesores que laboran en el sujeto obligado y todas sus dependencias, incluyendo salarios que corresponden a cada cargo, honorarios, dietas, bonos, viáticos o cualquier otra remuneración económica que perciban por cualquier concepto”. No logro entender, por más que le doy vueltas al asunto, en qué momento el ex presidente Luis Rabbé asumió que esto no aplicaba a su administración. O que, como lo dijo esta semana, consideraba a Taracena un irresponsable porque a los trabajadores “les puede pasar algo”. Ser funcionario público tiene esta particularidad: se devenga un salario que pagamos todos los ciudadanos de este país, y nosotros tenemos derecho de conocer cuánto gana y por qué. Así ha sido, y así debe ser.

Este es el año en que debemos apostarle a la transparencia. Así lo dijeron los dos recién estrenados presidentes Jimmy Morales y Mario Taracena. Y aunque también le agradezco a Neto Bran, alcalde de Mixco, publicar la lista de salarios de todos sus empleados, me pregunto qué estarán esperando otros jefes ediles para seguir su ejemplo y colgar estos datos en sus portales web. Un sueldo no puede considerarse información confidencial ni reservada. Un funcionario se debe a sus electores. Y aunque es cierto que algunas normativas en Guatemala son difíciles de comprender, la Ley de Acceso a la Información Pública es bastante clara. El mayor obstáculo parece ser que los responsables de aplicarla han preferido jugar a no entenderla.  

 

22 de enero de 2016, 07:01

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