Nueva Ley podría sacar de prisión a implicados en casos de corrupción

Los diputados aprobaron de urgencia nacional la Ley para implementar el sistema de brazaletes electrónicos, que podría beneficiar a los implicados en casos de corrupción.

  • RECUERDA:

El Decreto 49-2016, aprobado por 101 diputados, permite que quienes guarden prisión preventiva puedan solicitar arresto domiciliar y utilizar un brazalete electrónico mientras se encuentren en sus viviendas o donde ellos elijan.

Los diputados no dejaron expresamente para qué delitos se puede aplicar la medida en la nueva Ley, por lo que se debe tomar como referencia la legislación vigente.

El Código Procesal Penal, en su artículo 264, excluye de este beneficio o de cualquier otra medida sustitutiva a quienes sean acusados de: narcotráfico, homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación, secuestro, sabotaje, robo agravado, adulteración de medicamentos, producción de medicamentos falsificados y distribución de medicamentos falsificados, ni quienes sean reincidentes por cualquier otro delito.

El artículo 264 del Código Procesal Penal establece a qué procesados no se les puede beneficiar con medida sustitutiva. (Foto: captura de pantalla/Código Procesal Penal)
El artículo 264 del Código Procesal Penal establece a qué procesados no se les puede beneficiar con medida sustitutiva. (Foto: captura de pantalla/Código Procesal Penal)

Los implicados en "defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero" no podrán gozar de "ninguna de las medidas sustitutivas (...) excepto la de prestación de caución económica (fianza)".

Esto le abriría el camino a varios exfuncionarios del Gobierno del Partido Patriota que están vinculados a la creación de plazas fantasma o casos como "Cooptación del Estado" y "Botín Registro de la Propiedad", entre otros.

Sin embargo, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti están ligados a proceso por defraudación aduanera, al igual que la mayoría de los implicados en el caso "La Línea", lo que les impediría optar a este beneficio.

No obstante, los exdiputados Pedro Muadi, Gudy Rivera y Daniela Beltranena; así como los exministros Dwight Pezzarossi, Mauricio López Bonilla y Manuel López Ambrocio podrían optar a este por no estar ligados a proceso por ninguno de los delitos con impedimento.

La propuesta contempla que pueda concederse el beneficio aunque exista peligro de fuga u obstaculización de la justicia. (Foto: captura de pantalla/Dictamen)
La propuesta contempla que pueda concederse el beneficio aunque exista peligro de fuga u obstaculización de la justicia. (Foto: captura de pantalla/Dictamen)

El artículo 15 de la Constitución Política de la República establece que la ley no es retroactiva, pero tiene una salvedad: "en materia penal cuando favorezca al reo", por lo que quienes se encuentran en prisión podrían solicitar salir y usar un brazalete y un juez debe determinar si se los otorga.

La ley incluso contempla que si existe peligro de fuga u obstaculización a la justicia se podrá aplicar esta medida.

La propuesta fue impulsada por diputados de las bancadas Todos, Frente de Convergencia Nacional (FCN) y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), aunque el parlamentario Raúl Romero del bloque Fuerza fue quien propuso que se aprobara sin mayor discusión.

Entre quienes votaron a favor de la propuesta se encuentra la nuera de Pérez Molina, Stella Alonzo; el diputado condenado a cinco años de prisión por violencia intrafamiliar, German Velásquez; tres señalados de crear plazas fantasma: Arístides Crespo, Manuel García Chutá y Carlos López Girón; así como Juan Manuel Giordano, quien perdió la inmunidad por supuestas presiones a la Gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura.

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En cuanto reciba el visto bueno del presidente Jimmy Morales, este sistema permitirá que quienes se encuentren en prisión vayan a su vivienda y los brazaletes, que permanecerían fijos en sus tobillos o muñecas, enviarían señales al Centro de Control Telemático para determinar si el sindicado se encuentra en el lugar establecido por un juez.

  • ADEMÁS:

El ponente de la primera iniciativa, Orlando Blanco, señala que su propuesta pretende modernizar el sistema de justicia y descongestionar las cárceles.

Leonel Lira, de la bancada Encuentro por Guatemala, niega que la ley busque beneficiar a los implicados en casos de corrupción, argumentando que "fue ampliamente discutida con el Ministerio Público y servirá de apoyo al sistema penitenciario" para evitar la sobrepoblación en las prisiones.

La ley establece que los sindicados que quieran beneficiarse con esta medida deben financiar los dispositivos a menos que un juez determine, mediante un estudio socioeconómico, que el privado de libertad no puede pagarlo en cuyo caso será cubierto por el Estado a través del Ministerio de Gobernación.

No obstante, hasta el momento el Ministerio de Gobernación no ha revelado cuánto podría costar cada dispositivo.

24 de noviembre de 2016, 08:11

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