Informe señala las estrategias de defensa en tres casos de CICIG

Una de las estrategias de defensa señaladas es la de Otto Pérez Molina. (Foto: Soy502)

Una de las estrategias de defensa señaladas es la de Otto Pérez Molina. (Foto: Soy502)

Un informe elaborado por la organización Human Right Watch resaltó el retraso provocado por los abogados defensores en tres distintos casos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público.

La Línea, Bufete de la Impunidad y Plazas Fantasma fueron los tres casos analizados. Una de las conclusiones fue que diferentes movimientos legales emprendidos por los abogados de los sindicados causaron retrasos por más de un año. El más común, el intento por separar a los jueces de los procesos.

La Línea

En el caso abierto contra la estructura que desfalcó las distintas aduanas del país, el análisis llamado Carrera contra el Tiempo determinó que los cinco intentos para separar a Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, provocaron meses de atraso. Dos de estos promovidos por la defensa del exmandatario Otto Pérez Molina.

Otro de los puntos señalados fue la incomparecencia de los abogados a las diferentes citas programadas para la etapa intermedia, la audiencia en la que se decide si los sindicados deben enfrentar juicio. En una ocasión por quebrantos de salud del fiscal a cargo.

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Otra los recursos legales que fueron enfatizados en el estudio fue el intento por dejar fuera del caso a la Procuraduría General de la Nación como querellante, lo que supuso un atraso de seis meses.

El caso inició en abril de 2015 y avanzó hasta el 27 de octubre de este año, cuando Gálvez ordenó que los sindicados deben enfrentar juicio.

Bufete de la Impunidad

Una de las estrategias de la defensa señaladas en este caso fue en el proceso mediante el cual la fiscalía pidió que fuera una judicatura de mayor riesgo la encargada de conocer las imputaciones.

El día en que la Cámara Penal, integrada por cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, programó la audiencia para determinar si se trató de un caso de alto impacto, un defensor pidió que uno de los jueces se separara del caso. Esa estrategia se repitió, un abogado distinto pidió que otro magistrado se excusara en cada ocasión.

Ese caso inició en mayo de 2015, pero fue hasta agosto de este año que un juez resolvió que no existían pruebas suficientes para ordenar juicio en contra de la jueza Marta Sierra y otros implicados. Asimismo, programó una nueva audiencia para finales de este mes para que la fiscalía presente nuevos cargos.

Plazas Fantasma

En este caso donde está implicado Pedro Muadi, expresidente del Congreso, el estudio señala la misma táctica que en el expediente judicial conocido como La Línea.

Diferentes defensores buscaron separar al juez José Eduardo Cojulún en distintas ocasiones. Una de estas recusaciones planteadas fue del mismo exdiputado, quien accionó legalmente días antes de que se celebrara la audiencia de apertura a juicio.

Un movimiento similar ocurrió luego de que ya se había ordenado juicio contra el excongresista y otros implicados. Uno de ellos requirió nuevamente la separación del juzgador. Desde entonces el caso esta estancado. El inicio de este fue en junio de 2015.

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La recomendación

Una de las recomendaciones de Human Rights Watch es reformar la Ley de Amparo con el objetivo de disminuir las demoras en los distintos procesos penales, pues señala que este tipo de recursos han sido utilizados de manera infundada. Uno de los cambios sería otorgar más poder al juez para descartar o aceptar solicitudes de amparos de manera inmediata sin ser trasladadas a una Sala de Apelaciones.

14 de noviembre de 2017, 05:11

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