La justa guerra contra las plazas fantasma

La secretaria del expresidente del Congreso, Luis Rabbé, cobró 147 mil 806 quetzales en horas extra durante 2015. (Foto: Archivo/Soy502)

La secretaria del expresidente del Congreso, Luis Rabbé, cobró 147 mil 806 quetzales en horas extra durante 2015. (Foto: Archivo/Soy502)

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) han destapado una de las ratoneras más inmundas del gobierno de Guatemala, al iniciar proceso contra varios diputados acusados de tener plazas fantasma en el Congreso.

Entre éstos se encuentran Arístides Crespo y Luis Rabbé, dos personajes paradigmáticos de la "vieja política" que, pese a las promesas, sigue en pie. 

Lee aquí: Salen a luz nombres de más diputados en el caso de Plazas Fantasma

Durante años, desde principios de la era democrática, supimos que las plazas fantasma se habían convertido en una práctica común para sonsacar dinero a las arcas públicas.

Ha sido vox populi que hay muchas personas que cobran como empleados gubernamentales pero que no se presentan a laborar o apenas “hacen el mate” de entregar algún trabajo, cuyo valor real es mucho menor al sueldo devengado.

Hasta la captura del expresidente del Congreso, Pedro Muadi, el año pasado, este vicio nunca se había atacado de manera contundente y directa. Ahora hay varios diputados señalados de instigar este crimen, además de una lista detallada con nombres, cargos y salarios, de personas que podrían ser acusadas de peculado.

Es digno de celebrar que las autoridades hayan iniciado acciones en contra de esta práctica, pues algunos expertos han calculado que las plazas fantasma pueden consumir del 10 al 20 por ciento del presupuesto estatal.

Si en el Congreso de la República se detectaron 373 contratos anómalos, tan solo hay que imaginar cuántas plazas injustificadas debe haber en las entidades con presencia en todo el territorio, como el Ministerio de Salud o el de Educación.

Sin duda, ahí se cuentan por miles las plazas de personas que cobran sin servir al pueblo de Guatemala y ocupan el espacio que debería estar asignado a maestros o personal médico de verdad.

Las plazas fantasma son parte de un sistema de saqueo que le otorga a la clase política un botín. Este consiste en empleos gubernamentales a través de los que se puede acumular poder e ingresos adicionales. Vale la pena apuntar que muchas de las personas contratadas en este sistema, no devengan el salario completo sino que entregan de vuelta un porcentaje a quien les consiguió este “empleo” mágico, con el que ganan sin invertir mayor esfuerzo.

La investigación de plazas fantasma en el Congreso debe llegar a sus últimas consecuencias y servir como punto de partida para erradicar una práctica con la que se ha esquilmado impunemente al Estado.   

Esperamos que lo que ha empezado como un caso emblemático del MP y la CICIG se convierta en guerra abierta y sin tregua de la administración en contra de este tipo de corrupción burocrática.

En comparación con el resto del continente, Guatemala tiene un estado modesto. Muchas de las instituciones que son de "primera necesidad", como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Organismo Judicial, tienen una presencia muy pobre en el territorio nacional.

Los recursos que se pierden en plazas fantasma, deberían enfocarse en garantizar servicios como estos, además de salud y educación, donde no los hay.

Por eso es de aplaudir la reciente arremetida de la Cicig y la Fiscalía y esperar, ahora sí, que la Contraloría General de Cuentas despierte de su letargo y se sume con seriedad a esta justa guerra en contra de quienes le roban a los contribuyentes, en perjuicio de la población más vulnerable del país.

30 de mayo de 2016, 08:05

cerrar