¿Ley contra el terrorismo podría restringir el uso de redes sociales?

La iniciativa aún debe ser conocida por los diputados en varias sesiones. (Foto: Archivo/Soy502)

La iniciativa aún debe ser conocida por los diputados en varias sesiones. (Foto: Archivo/Soy502)

La Ley Contra Actos Terroristas se perfila como una de las próximas polémicas que se conocerán en el hemiciclo del Congreso, debido a que algunos sectores consideran que pudiera ser una herramienta para restringir el uso de las redes sociales; además de tipificar varios tipos de terrorismo.

La propuesta crearía el delito de “ciberterrorismo” o “terrorismo cibernético” para castigar a quienes con “fines económicos, políticos, religiosos, ideológicos, militares o cualquier otro” utilicen los medios de comunicación para generar temor, intimidar a la población, obligar al gobierno por la fuerza o poder a hacer algo en contra de su voluntad.

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Según el documento que conocerá el pleno del Congreso en los próximos días, los responsables de este delito serían castigados con prisión de entre diez y quince años. En caso de que también intercepten o destruyan programas o equipos, la condena será de quince a treinta años.

La iniciativa también establecería que quienes obtengan la información que promueva el ciberterrorismo también serán sancionados con prisión de diez a quince años.

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La propuesta excluye cualquier tipo de investigación, toda vez haya sido acordada con las autoridades competentes.

El presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, considera que la propuesta “deja a discreción la interpretación” y pudiera servir para reprimir a los ciudadanos. “Ni en los países de Medio Oriente hay leyes como esta”, añade Marroquín.

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Esta propuesta fue modificada por la Comisión de Gobernación que preside Napoleón Rojas, el diputado que presentó la iniciativa de ley, para endurecer las sanciones.

El diputado Dorian Taracena, uno de los que se opuso al dictamen, considera que esta iniciativa busca “criminalizar las manifestaciones y atenta contra la libertad de expresión”, porque queda a discreción de los jueces si pedirle la renuncia a un funcionario puede ser considerado como terrorismo cibernético.

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Taracena añade que la iniciativa también podría criminalizar las manifestaciones ciudadanas.

Rojas, el impulsor de la propuesta, defiende la iniciativa y señala que el documento se ha “malinterpretado”, porque a su parecer lo que busca es “ayudar a la seguridad nacional”.

La iniciativa no ha regresado al hemiciclo; sin embargo, podría ser agendada en los próximos días para que se conozca en el primero de tres debates antes de convertirse en ley.

10 de noviembre de 2017, 15:11

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