Maldonado Aguirre presenta último informe de Gobierno al Congreso

El presidente Alejandro Maldonado Aguirre durante su último discurso en el Congreso de la República. (Foto: Alexis Batres/Soy502)

El presidente Alejandro Maldonado Aguirre durante su último discurso en el Congreso de la República. (Foto: Alexis Batres/Soy502)

Durante su último día como presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre presentó el informe de Gobierno del período 2008-2015 a diputados del Congreso de la República, donde se abstuvo de dar pormenores del mismo debido al retraso de más de una hora en la investidura de Jimmy Morales como nuevo mandatario de la Nación.

Informe al Congreso de la República del Presidente Alejandro Maldonado: 

“Acudo ante el Honorable Congreso de la República, en cumplimiento del deber de presentar informe que corresponde al gobierno. Además, comparezco por constituir la representación nacional una tribuna apropiada para dirigir un último mensaje en mi calidad de mandatario de la Nación.

El Informe, por su volumen y prolijidad de contenido, ha sido rendido por escrito en esta sede parlamentaria. Se ha ordenado que copias de dicho documento sean enviadas a sectores importantes de la sociedad civil y política del país. Asimismo, con respeto al derecho ciudadano a la averiguación de los asuntos públicos, también esa Memoria se ha colocado en página electrónica.

Se cumple con rendir cuentas de la administración concerniente al último año del gobierno, debiéndose advertir que, por coherencia con el régimen jurídico-político, el Informe es de naturaleza anual y así debe ser continuo,  a pesar del  cambio radical de personajes que ostentaron  la presidencia y la vicepresidencia de la República, sustituidos por otros mandatarios que ejercemos esos cargos sin ningún vínculo personal, político ni  partidarista con los anteriores. El documento presentado trata de ser objetivo, como instrumento de análisis que debe caracterizarlo. Sin embargo, según corresponde a la índole política de mi comparecencia, en esta exposición aportaré contenidos e interpretaciones de mi propia visión de los asuntos de Estado y la necesidad de trazar metas comunes y acciones concertadas de la sociedad que debe aspirar a una vida digna.

Las condiciones históricas en las que asumí la presidencia de la República ocurrieron en escenarios inéditos, porque nunca había sucedido que un régimen se derrumbara sin la precedencia de situaciones de violencia. Tampoco antes la caída fue causada por la  presencia multitudinaria de una sociedad movilizada por sí misma, sin dirigentes ni caudillos que identificaran una corriente partidista o una visión ideológica. Si alguna definición gráfica hubiera necesidad de proporcionar de lo que se entiende por “sociedad civil”, esta se encuentra en la fotografía panorámica de una ciudad hecha pueblo, en la que el único emblema de identidad fue el azul y blanco de la bandera de Guatemala.

Si algún compromiso tendría que asumir frente a esa congregación popular, expresada en toda la geografía nacional, radicaba en el correcto entendimiento del clamor del pueblo, el cual no transmitió nunca bandería de partido ni radicalismo de clase social o económica, sino un claro mandato: gobernar con honradez y con decoro.

Optar por esos senderos, no podría ser una alternativa difícil. Creo que ser honorable no es nada más que obedecer el dictado con el que se nace y tener en cuenta las lecciones que nuestros padres nos inculcaron en aquellos tiempos en que el respeto a su palabra y su ejemplo era, más que una obligación, un deber moral. No tiene el individuo por qué jactarse de haber sido honesto, aunque si lo tiene para agradecer que en modo alguno lo hubieran colocado  en la tentación de probarse si en realidad lo era. Nadie se me acercó a proponerme el fraude a mi conciencia.

También entendí el mensaje de una sociedad llena de coraje y cólera por los desvíos, de que no era contra la democracia que se alzaba sino, antes bien, exigía que las virtudes del sistema representativo fueran reales y cumplidas. Por esto reclamaba  conductas ejemplares que contribuyeran a detener  la descomposición del sistema. No era demanda de facción alguna, sino siempre fue una expresión ciudadana de las que forman la pluralidad de nación. El país ya sabía del calvario de luchas armadas en que una facción pretendía el total dominio sobre la otra. No tuve, pues, opción por bandería ni por clase social. Simplemente continué mi impulso reformista que aspira, dentro del régimen democrático, a conservar lo bueno y descartar lo malo que cada sistema pudiera tener, en búsqueda de un adecuado balance social y económico que mantenga la armonía y preserve la paz. Por esto el gobierno fue de transición, porque nuestro mandato respondió a toda la sociedad que, unánime, compareció a la plaza pública para rescatar el respeto a sus valores y principios que una Constitución de todos garantiza para todos. Mi designación no fue una contienda de partido ni de grupo o facción. Fue por un servicio que, parafraseando a José Martí, “no sería  triunfo sino deber.”

Algunos comentarios que extrañaban mi ausencia de publicidad pautada no estuvieron preparados para medir el costo de esa decisión, pues no podría ser otra que una vocación de congruencia con la realidad, que impedía distraer fondos que hicieran falta en hospitales y servicios esenciales en aras de una vanidad costeada con sacrificios ajenos. Además, la experiencia nos ha enseñado que perfiles artificiosos no duran y que, por mucho que se financien campañas, sus resultados son efímeros si carecen de autenticidad. De tal suerte que a los  que de todo especularon  sólo podría insinuarles la lectura de Gracián quien, con su notable brevedad, nos advertía: “bueno es ser noticioso pero mejor es ser juicioso.”

Estas condiciones explican la naturaleza del gobierno de transición que interpretó, desde su inicio, que el pueblo guatemalteco se manifestó con vehemencia y compactación por el derrumbe de un sistema de corrupción política, siendo la movilización como el surgir de una ola que brotó unánime, como colectivo social y plural, sin haber sido levantada por ninguna facción o grupo que pretendiera apropiarse de ella, para sacarle dividendos partidaristas o de clase.

Por razones como estas, el gobierno guardó distancia de los liderazgos de partidos que conforman el Congreso y así lo explicó con palabras de un egregio ex  Presidente de la República: “los hilos telefónicos están cortados“, metáfora política que procuraba la separación efectiva de poderes y cancelaba perversiones mutuas que fueron historia. De esa manera, con respeto a la independencia de los congresistas  propuse la terna de elegibles a la Vicepresidencia de la República, confiando en que harían su mejor elección. Esa consideración que nos guardamos entre poderes políticos, también la ha observado el Ejecutivo con relación al Judicial y todas las entidades autónomas del Estado, conducta que reasume una docencia cívica que debe continuar para honrar el concepto republicano. De esa forma cuando hemos tenido que gestionar ante el Congreso, u otros órganos o entes lo han solicitado al Ejecutivo, siempre ha mediado la transparencia y la rectitud de fines, todo para beneficio del país. Fue, por tanto, mi decisión buscar caminos anchos del quehacer político, coherente con mi participación en la hechura de nuestra Constitución, y también en algo de su desarrollo interpretativo.

En lo personal, según he percibido mi formación política y las maneras como las he expresado públicamente, dadas a conocer por mí en mi libro “Testigo de los testigos“, me he identificado con una democracia liberal, que garantice los derechos fundamentales de la persona y que promueva el desarrollo por las vías reformistas de una genuina preocupación por compartir los beneficios y las cargas con la debida equidad y que corrija las injustas y peligrosas marginaciones de grandes colectivos sociales de la educación, la salud y el empleo. Creo haber tratado de ceñirme a ese marco, y de todos mis actos me hago responsable sean por precipitación o por soledad.

Simultáneamente mi gobierno hubo de trazar su proyección política, a efecto de actuar coherentemente con la movilización popular, que fue guatemalteca en toda su amplia  expresión. Por esta razón, el Presidente se afanó por integrar un gabinete en que prevaleciera la calidad profesional y la virtud cívica, sin predominio de sector ni partido. No fue fácil formarlo en un plazo que me fijé de pocos días. Lo integré con personas idóneas que se incorporaron y confirmé a otras que carecieran de vínculos o pactos de facción. Les garanticé su iniciativa y encomendé que, a su vez, nombraran personal de su confianza.  Aprecio que en los miembros del gabinete ha prevalecido una visión ilustrada y activa de su dura y difícil tarea.

No es posible rendir cuentas únicamente con datos cualitativos, los cuales son de suyo importantes para estimar la intensidad del compromiso político de cumplirle a un país en función de sus valores fundamentales. Sin embargo, es inevitable, pragmáticamente, aludir a una cuestión que tiene una simple y prosaica referencia cuantitativa: el dinero. Se puede hacer mucho para animar la dinámica del país basada en la solidaridad humana, aquella que se ha visto en ocasiones conmovida por inesperados embates de la naturaleza, desastres que han producido espontáneas y generosas reacciones de apoyo a los necesitados. Pero es el caso que para el normal funcionamiento del Estado, con su carga de obligaciones sociales y la necesidad de sostén del aparato burocrático, nada sustituye el factor dinero. El presupuesto de ingresos resultó sensiblemente afectado por circunstancias que vulneraron su estimación y que produjeron bajas impactantes en las finanzas públicas, entre estas: quedó anulado un impuesto a la telefonía celular que estimaba un ingreso de un mil trescientos cuarenta y cuatro millones de quetzales y hubo inusitada baja del impuesto sobre el consumo de combustibles que restó un mil setecientos millones de quetzales. Solo esos dos tributos ausentes tenían que producir un impacto crucial sobre las finanzas públicas. Más grave aún, las estimaciones de gasto también fueron rebasadas en algunos sectores clave del funcionamiento del Estado, tales los de salud y justicia y otros que rebasaron sus techos presupuestarios antes de terminar el año, sin cuya cobertura adecuada no se pueden atender las obligaciones  primarias de un país con relación a su población más vulnerada. Esta fue la herencia fiscal que recibió el gobierno de transición. Todavía más grave: la sociedad sensible y vejada en su credibilidad y confianza por la corrupción, no estaba preparada en esos momentos para siquiera escuchar propuestas recaudadoras, vía emisión de bonos del tesoro, aumento de impuestos o endeudamiento externo. De tal manera que la manifiesta reducción de los ingresos contrastaba con los prioritarios  compromisos de gastos de emergencia social para extensas poblaciones precarias, azotadas por la desnutrición, la enfermedad y el desempleo y con nóminas del personal burocrático, cuyo pago puntual era justificadamente reclamado. La transición recibió, como otros gobiernos anteriores, deudas de arrastre, muchas de las cuales empujaron a profesionales y trabajadores, en particular del sector salud, a presionar exigiendo su pronto pago, aun cuando su protesta castigaba a las personas más necesitadas del país.

Partiendo de la realidad fiscal y social, el gobierno de transición hubo de tomar decisiones acerca de las prioridades del gasto y reprogramar sus pagos a efecto de atender los más urgentes e imprescindibles. En el capítulo referido a las finanzas públicas de este Informe, se encontrarán detalles de las políticas del ingreso y del egreso. Lo importante es el análisis de coyuntura, en razón de que los presupuestos anuales del Estado están calculados conforme la percepción de certeza de los ingresos y de la puntualidad de los gastos, incluyendo el servicio de la deuda pública. Ninguna de esas cosas pudo forjarse en piedra durante un año en el que los operadores tradicionales de las opciones políticas cedieron al empuje de una enorme voluntad social.

A pesar de las pérdidas habidas en el cálculo de los ingresos y ante un ambiente de crisis institucional de la Superintendencia de Administración Tributaria y en otras esferas gubernamentales, las finanzas públicas alcanzaron un resultado positivo al reducirse el déficit fiscal a 1.6% del Producto Interno Bruto, a lo que contribuyó la rigurosa contención de gastos. Este resultado incide en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica del país.

En cuanto a las acciones político-administrativas que debía asumir, tomando en cuenta los programas y las obras en ejecución o de empezar otras nuevas, surgió la duda de conveniencia de parar o atenuar las primeras y de improvisar las propias, es decir aquellas que le imprimieran sello de originalidad al nuevo gobierno.

La duda no tuvo más duración que la de definir la conveniencia del país. No debía ni podía echar al depósito de proyectos fallidos las obras y los programas en ejecución, con su carga de frustración y desperdicio, sólo por la vanidad de lucir una originalidad que ni uno mismo se hubiera creído. No estábamos para malograr lo que había sido inversión de recursos del pueblo.

Por ejemplo de la decisión política de proseguir y mejorar proyectos en marcha, cito el programa de preparación de profesores de primaria a nivel universitario. Era cabalmente entendible que de su continuidad dependía en mucho el futuro de calidad de la educación, por lo que cualquier sesgo que retrocediera el avance era contrario a los intereses del país. Por casos como este, es que supimos diferenciar entre la calificación subjetiva que, si bien era viable la sustitución de los funcionarios, no era razonable detener esos proyectos. Los jóvenes siguieron su carrera y hemos entregado títulos que les permitan seguirse formando en la universidad. A ese desarrollo programático no vacilamos en asignar fondos, porque para nosotros la niñez y la juventud que se educa siempre deben ser prioridad.

Muchos ejemplos podemos traer a la vista que tuvieron idéntica valoración para reconocer los sacrificios del guatemalteco contribuyente, que no merecía que por mezquindades políticas se lesionaran programas financiados por el pueblo mismo.

Cuando asumió el nuevo gobierno, encontramos situaciones que de no corregirse de inmediato causarían grave daño a Guatemala como país y a sus habitantes como afectados. Me refiero a  prácticas de todos los Estados, que preocupan a la comunidad internacional que ha sido vigilante de su observancia. Entre estas, estábamos a las puertas de algunas calificaciones que, entendiéndolas correctamente, resultaban beneficiosas para el propio país que las alcanza. Por ejemplo, los controles  que se tomen para evitar el tráfico ilícito de dinero. Como dije, si bien eso redunda en seguridad para los intereses de terceros países, es indudable que también lo es para el nuestro. Las autoridades guatemaltecas, durante el gobierno de transición, han mejorado sustancialmente esas cautelas, efectuando periódicamente gabinetes y teniendo como meta fortalecer la reglamentación del país y sus instituciones de control y fiscalización. Personalmente tomé la iniciativa ante el Superintendente de Bancos para que los controles del IVE alcanzaran a las empresas contratistas del Estado a efecto de que se pudiera conocer el destino final de los fondos públicos que esas recibieran.

Nuestro país había sido suspendido como cumplidor de los compromisos con la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, por haber demorado sus reportes esenciales que informan sobre petróleo y minería. Se atendieron visitas de EITI (sus  siglas en inglés) sobre la materia y recuperamos nuestra calidad de miembro asociado.

Recibimos al delegado de la Organización de Aviación Civil Internacional, quien manifestó preocupación por el cumplimiento de normas de seguridad para la navegación aérea. Pusimos a todos los operadores nacionales vinculados con la materia a coordinarse para llenar requisitos mínimos y, aun cuando no se ha llegado a la etapa de que la OACI haga sus observaciones, su representante informó en conferencia de prensa que en nuestro gobierno se detectaron avances sensibles. Se entenderá que una descalificación de nuestros aeropuertos internacionales tendría efectos altamente nocivos a los intereses de los guatemaltecos.

En estas actividades que certifican a las autoridades encargadas de su cumplimiento, que se hicieron en audiencias públicas y con participación de varios entes del Estado, siempre se abrieron las puertas a la prensa, que de todo tuvo acceso a la información, incluyendo sus resultados.

Tuvimos especial cuidado en la protección del patrimonio cultural del país, porque este constituye  un legado invaluable que representa el origen y la tradición de la esencia nacional. Para el caso, se inicio expediente ante UNESCO para su registro como sitio cultural mixto las “Ciudades-Estado de la Reserva de la Biósfera Maya”, con el objeto de jerarquizar su invaluable valor cultural de la humanidad. Asimismo, en protección de otra etapa de nuestro devenir histórico, fue emitido el Reglamento de uso y manejo del centro cultural del Real Palacio de los Capitanes Generales de la ciudad de La Antigua Guatemala. Complementando la política cultural con la protección de la naturaleza se convocó un proceso de diálogo multisectorial, sin precedentes en el país, que llegó a la firma del Pacto Ambiental el 7 del mes en curso, que corresponde al Nawal Julajuj E que representa el Saq-be o “camino blanco y sagrado”, que es la energía o fuerza innovadora que guía las acciones humanas por el camino de la vida y de la Madre Naturaleza. Puedo anticipar que ese Pacto constituye una especie de declaración de los derechos del ambiente, complementaria a una declaración de los derechos de la nacionalidad guatemalteca.

Centramos atención en cuanto a la política social vinculada a la seguridad alimentaria y nutricional, en particular por el agravamiento de las condiciones de sequía y consiguiente hambre y desempleo, haciendo esfuerzos muy concentrados en el financiamiento de programas a pesar de la conocida situación de escasez financiera que hubimos de afrontar. Inclusive, nos vimos necesitados a acudir a la cooperación internacional por los signos negativos que se presagiaban. No obstante la situación, se lograron mantener en pie los programas de asistencia. Los indicadores finales no son pesimistas aunque siempre alertan para que se mantengan y mejoren las políticas de seguridad alimentaria y nutricional. Esto es clave para el desarrollo y un compromiso de coherencia humana para todos los actores políticos y sociales de Guatemala.

Precisamente por esa razonabilidad de no echar al olvido programas sociales anteriores, se cuidó de que tuvieran financiamiento público que, aunque no alcanzó del todo a cubrir las crecientes necesidades, no cayeron en abandono. En particular, destaco la presencia de mi esposa y compañera de vida quien, sirviendo, como se sabe, sin remuneración alguna, prestó atención muy primorosa visitando personalmente ciento diez centros de servicio social como los programas de atención a adultos mayores,  misiones religiosas, comedores sociales, centros de rehabilitación para menores, albergues de damnificados del Cambray y otros lugares, en los que distribuyó artículos necesarios para vestuario, higiene y recreación, entre esto 22 televisores, todo con el producto de la donación de los gastos de representación del Presidente de la República, por un monto hasta el momento de Q.339,363.77. Además hizo donación personal de un efectivo de Q. 26,073.65 para el Hogar Ciudad de la Felicidad. Agrego donación de Q.50,000.00 a una universidad privada.

En esta comparecencia no puedo hacer enumeración de actividades de cada uno de los ministerios, comisionados y secretarías de la presidencia, sin ocupar tanto tiempo como el que el Congreso mismo necesita para atender su nutrida agenda. Por ello se presenta el Informe en texto.

Señores diputados:

Debo, por su importancia social, referirme a dos cuestiones más.

La tarifa social de consumo de energía eléctrica se había acordado el uno de septiembre por el Consejo del INDE reducirla drásticamente a partir de noviembre del año en curso. Como Presidente no compartí ese criterio por lo que llamé a los Ministros que tenían la mitad de los votos en ese directorio para que plantearan la revisión de las tablas. Les instruí para que la medida mantuviera al mayor sector de usuarios dentro de la tarifa social actual, basándome en que, si bien no se puede arriesgar a que el INDE acabe sus recursos financieros, tampoco a que se le equipare como una empresa privada, pues tiene un hondo sentido social, razón por la cual debía aplicarse una gradualidad que no afectara a la población de menos recursos. Eso se logró y así, durante unos años más, la tarifa social cubrirá a esta clase de consumidor.

El segundo tema, también de orden social, que pone a prueba la calidad humana de los guatemaltecos, fue la tragedia  ocurrida en el Cambray II, que en cuestión de minutos soterró a cientos de sus habitantes. Los mecanismos de rescate actuaron rápido y de manera heroica para tratar de salvar vidas y luego para encontrar los restos de los fallecidos. Ante esa reacción solidaria de los guatemaltecos, estimé que debíamos responder con transparencia y prontitud. De ahí que surgió el proyecto “Mi Familia Querida” que ha sido una obra de calidad y eficacia, que no recuerdo tenga precedentes en nuestra historia de reconstrucción luego de desastres naturales. Se puso voluntad y coraje en todo: desde adquirir el hermoso terreno, la planificación y diseño de la urbanización, la complicada logística de asentar las estructuras y edificar casas sólidas y estéticas. Anótese la de haber consolidado su financiamiento total. Todo el proceso acompañado de la más estricta fiscalización y transparencia. Tuvimos interrupciones maliciosas y confrontamos acciones judiciales de terceros para detener el proyecto. Aunque en estas pocas semanas no llegamos a la meta titánica, se han terminado las plataformas y erigido varias docenas de esas viviendas. Además, tengo confianza en el Presidente electo de que concluya un proyecto de amor a Guatemala. Debo consignar el agradecimiento de la Nación con todas las instituciones y personas que acudieron en ayuda de las víctimas y que, con su generosidad, demostraron sentimientos profundos de nuestra nacionalidad.

Honorables congresistas:

Este mensaje no podría cumplir con un mínimo de coherencia si omitiera aludir a dos problemas graves que, en esta época, no se justifica que aun persistan con la intensidad de su descuido.  Señalar esas carencias es el compromiso que titula la transición, por cuanto, aunque son conocidas para cualquier ciudadano preocupado, ha sido en el breve contacto con el poder cuando se ha percibido, con la mayor angustia, la necesidad de mantener y aumentar las iniciativas para reducirlos. Son estos, la pobreza y la violencia.

Fue en este gobierno que se dio a publicidad los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014, trabajada con suficiente tiempo anterior, que remarcó datos de pobreza y desigualdad.

Esas condiciones  se  reflejan entre grupos sociales y entre regiones geográficas. Así es evidente que hay distancia entre los sectores indígena y ladino, siendo en el primero en donde se hallan los índices más graves de las carencias educativas y económicas.  Igualmente se marcan mayores deficiencias en las zonas rurales que en las urbanas. Respecto de los grupos de edad, es indudable que son los niños los que más la sufren. Esos niños que desertan de la escuela para buscar medios que coadyuven a aliviar la indigencia de sus hogares.

Frente a esta realidad de la pobreza se deben asumir posiciones definidas que tiendan, con medidas de corto plazo, a disminuirla; y las de largo plazo a erradicarla. Por cierto, no se conocen fórmulas que la eliminen con retórica. Así lo percibió el escritor argentino Marco Denevi, sintetizando irónicamente: “Frecuentemente la llamada ‘justicia social’ consiste en dar a quien pide algo en concreto, por ejemplo un pan, algo abstracto, por ejemplo una ley sobre el derecho a pedir pan.”  Esto es, que la proclama garantiza a la gente a pedir empleo… pero no a encontrarlo.

Por el otro lado de la misma crisis, aunque las  calificaciones de la violencia criminal  apuntan hacia una ligera disminución, los porcentajes siguen siendo ominosos y, por ello, comprometen a mantener activos todos los factores que tiendan a combatir el crimen y a lograr la rehabilitación de delincuentes, actuando, en especial, con medidas preventivas. Son incontables las acciones a tomar, pero debe entenderse que el tratamiento del  problema colectivo y continuo. Concierne a todos y a todas las áreas del Estado y no debe ignorarse, porque el crimen se recrea en su misma impunidad y se fortalece en la medida en que los operadores de su prevención se debiliten o se desarticulen. Asimismo, cuando el delito se vuelve una alternativa para mitigar el hambre que si para algunos comer es un estímulo gourmet, para otros es un tormento.

He de concluir con mi respetuoso mensaje al pueblo, por intermedio de su representación nacional:

Los años enseñan algunas cosas de la vida y si acaso no fuera suficiente el testimonio personal, también abonan a la experiencia algunas lecturas que se pueden ir haciendo. Tuve presente a Sénecaadvirtiendo que el aplauso y el fervor populares se pueden pagar luego con muchos pesares.  De esa manera es que traté de hacer mi tarea sin el acompañamiento de propaganda oficial, a un costo que insultaría las grandes necesidades del pueblo, que no tenía ni para pagarse las medicinas. En estas circunstancias, lo que yo  dije, lo que me atribuyeron que dije y lo que omitieron de lo que dije, lo asumo con la confianza en el instinto del pueblo llano que sabrá calificarlo. Mis aciertos, si los tuve, no son virtudes sino obligaciones; de todo aquello en que estuve equivocado, pido a mis compatriotas su exculpación por el beneficio de la buena fe”.

14 de enero de 2016, 15:01

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