Solo 1 de 6 jueces señalados en 2015 tiene condena, ¿y los otros 5?

De los seis jueces señalados en 2015, únicamente el exmagistrado Douglas Charchal (esquina superior izquierda) y la jueza Jisela Reinoso (esquina inferior izquierda) guardan prisión preventiva. (Foto: archivo/Soy502)

De los seis jueces señalados en 2015, únicamente el exmagistrado Douglas Charchal (esquina superior izquierda) y la jueza Jisela Reinoso (esquina inferior izquierda) guardan prisión preventiva. (Foto: archivo/Soy502)

El 2015 fue un parteaguas en el país en cuanto a la lucha contra la corrupción. La ciudadanía volcó su vista hacia el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, luego de que esas entidades develaran casos que involucraban a gobernantes, ministros, diputados e incluso jueces.

Durante ese año saltaron a la palestra los nombres de tres jueces y tres magistrados que, según las investigaciones, utilizaron sus cargos para beneficiarse.

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El listado está conformado por los jueces de primera instancia penal Jisela Reinoso, Marta Sierra y José Luis Patán; así como los magistrados Douglas Charchal, Vladimir Aguilar y Erick Santiago.

Sin embargo, las denuncias se aproximan a su tercer aniversario y, hasta hoy, solo uno de los mencionados ha sido condenado. Además, los juzgadores han encontrado la forma de evitar la prisión, por lo que únicamente Reinoso y Charchal permanecen recluidos. 

Quien ya cuenta con una sentencia en su contra por incrementar su patrimonio de forma ilícita en 1.4 millones de quetzales entre 2012 y 2014 es la extitular del Juzgado Cuarto de Instancia Penal, Jisela Reinoso.

Ella fue condenada a 11 años de prisión por el Tribunal Tercero y gozó de arresto domiciliario hasta el pasado 13 de febrero, cuando la medida le fue revocada. La sentencia, emitida en octubre de 2016, aún no ha quedado en firme.

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El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, dijo que los últimos avances en el proceso contra Reinoso son una apelación especial que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones les otorgó, modificando la condena a 13 años, y una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena a la sala ejecutar la pena.

En etapa intermedia

Reinoso fue capturada el 22 de septiembre de 2015, al igual que la extitular del Juzgado Octavo, Marta Sierra, y el exmagistrado de la Sala de Apelaciones de Quiché, Erick Santiago, cuyos procesos aún no terminan la etapa intermedia.

En el caso de Sierra, señalada de otorgar libertad condicional a cambio de sobornos, su expediente fue cerrado en agosto de 2017, pero Sandoval advirtió que se les otorgó a los investigadores un amparo provisional para que la Sala Cuarta de Apelaciones resuelva si es viable que ella y las otras personas involucradas en el Bufete de la Impunidad enfrenten un juicio.

Santiago aún permanece a la espera de la audiencia en la que se resolverá si enfrentará debate oral por intentar cobrar un soborno de 10 millones de quetzales a cambio de emitir una resolución favorable para una compañía privada.

Otro nombre del Organismo Judicial que resultó señalado durante 2015 es el del juez suplente José Luis Patán, quien espera la audiencia de etapa intermedia por supuestamente incurrir en cohecho pasivo al emitir una resolución favorable para el exsuperintendente Carlos Muñoz, por dos puestos en la SAT para allegados.

Sandoval indicó que ya se presentó la acusación formal contra Santiago y contra Patán, pero que aún no se ha programado la audiencia para conocerlas, posiblemente, por la agenda de los órganos de justicia.

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Los señalados de la CSJ

En los procesos por corrupción contra los exgobernantes Otto Pérez y Roxana Baldetti, dos nombres llamaron la atención de la ciudadanía al ser mencionados como colaboradores. Se trata de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal y Vladimir Aguilar.

La FECI presentó en marzo de 2017 la acusación formal contra Charchal, pero el Juzgado B de Mayor Riesgo aún no efectúa la diligencia para determinar si el exmagistrado deberá enfrentar juicio penal por usar su cargo para obtener una resolución favorable para la TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal) y para evitar la persecución penal de Juan Carlos Monzón en el caso El Bodegón.

Aguilar, quien es señalado de favorecer el proceso de la entrega del usufructo a TCQ al ejercer el cargo de Procurador General de la Nación, aún no ha sido citado ante una judicatura debido a que la FECI continúa la investigación en su contra.

  • OTRA MAGISTRADA SEÑALADA...

07 de abril de 2018, 06:04

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