PDH pide agilizar caso contra señalados por masacre en Totonicapán

Los militares, entre los que figura el coronel Juan Chiroy (en fotografía), superan los cinco años en prisión preventiva. (Foto: Familiar)

Los militares, entre los que figura el coronel Juan Chiroy (en fotografía), superan los cinco años en prisión preventiva. (Foto: Familiar)

Con el propósito de solicitar la celeridad en el proceso que nueve militares enfrentan, desde hace cinco años, por la masacre ocurrida en al Cumbre de Alaska, Totonicapán, el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, presentó un Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Procurador también pidió que se ejecute una resolución y que, "en estricto apego a la Ley, se propicie la revisión de la medida de coerción" de los sindicados que permanecen en prisión preventiva desde el 11 de octubre de 2011.

Entre los señalados, figura el coronel Juan Chiroy Sal, quien en diversas ocasiones ha denunciado un "atraso injustificado o doloso" del proceso, aunque su caso lleva varios años en el Juzgado de Mayor Riesgo A, aún no agota la etapa intermedia.

Chiroy y los ocho militares fueron enviados, el 4 de octubre de 2012, al kilómetro 170 de la Ruta Interamericana, como grupo táctico para apoyar a la Policía Nacional Civil a controlar una manifestación que impedía el paso en la carretera.

A Chiroy se le señala de participar en la ejecución de seis personas y provocar lesiones en otras.
A Chiroy se le señala de participar en la ejecución de seis personas y provocar lesiones en otras.

Según el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, los señalados habrían accionado sus armas de fuego, lo que significó la muerte de seis campesinos. 

El 11 de octubre de 2012, la titular del Juzgado A de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, resolvió ligar a proceso y enviar a prisión a los señalados por ejecución extrajudicial y lesiones. 

  • LEE TAMBIÉN...

Sin embargo, a Chiroy le fue modificado, en febrero de 2013, el auto de procesamiento. Los dos delitos referidos, se convirtieron en incumplimiento de deberes, del cual la pena máxima es de tres años de cárcel.

Desde esa fecha, la audiencia de etapa intermedia ha sido suspendida en más de 20 ocasiones por diversos recursos judiciales.

  • PUEDE INTERESARTE...

18 de noviembre de 2017, 12:11

cerrar