Pena de muerte: ¿la solución a la criminalidad?

El indulto presidencial quedó en suspensión en el año 2000, cuando se ejecutó a los dos últimos acusados. (Foto: archivo/Nuestro Diario)

El indulto presidencial quedó en suspensión en el año 2000, cuando se ejecutó a los dos últimos acusados. (Foto: archivo/Nuestro Diario)

El Congreso de la República ha reavivado la polémica de la pena de muerte con la presentación de una iniciativa para discutir sobre la reactivación del indulto presidencial. La propuesta fue presentada por el diputado Marcos Yax y respaldada por otros parlamentarios de los partidos FCN Nación, Fuerza y PAN.

Pese a que la normativa contempla esta pena, la figura del indulto quedó en suspenso desde el año 2000, al igual que la aplicación de la muerte como pena máxima.

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La decisión ha reabierto el debate sobre el que se han pronunciado hasta las máximas autoridades. Mientras que Jimmy Morales ha trasladado su responsabilidad al pleno del Congreso, el vicepresidente Jafeth Cabrera sí opinó al respecto.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con la pena de muerte”, declaró ante los medios de comunicación.

No obstante, ¿es esta la clave para reducir los índices de criminalidad en el país?

El abogado y exviceministro de Seguridad Pública, Julio Rivera Clavería, señaló que la pena de muerte es un tema controversial y que la demanda de la población apunta a que se aplique.

“La presentación de la reforma a la regulación del indulto obedece a la frustración que viven los guatemaltecos”, indicó.

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Rivera añadió que, si la pena de muerte está dentro de la legislación y se agotan todos los procesos legales, al final se tiene que aplicar. Sin embargo, argumentó que no es la solución a la problemática de criminalidad y que sí serviría para que los criminales recapacitaran antes de cometer algún ilícito

Sobre ese aspecto coincide también el analista en materia de seguridad, Walter Menchú, aunque él sí rechaza por completo la pena máxima e incluso aboga por la abolición de esta.

“¿Se reduce la criminalidad? No sirve como disuasor del delito, no hay una correlación entre los países que sí aplican la pena de muerte y los índices de criminalidad”, señaló.

Menchú recomendó que para aquellos delincuentes que están sentenciados a cientos de años, como puede ser el caso de  Marvin Montiel "el Taquero", deben existir en el país cárceles de alta seguridad que alberguen a estos perfiles si lo que se quiere es controlar el Sistema Penitenciario.

El último caso

La pena de muerte concluyó con la sentencia de dos miembros de la banda de secuestradores Los Pasaco.

Hemeroteca Nuestro Diario.
Hemeroteca Nuestro Diario.

Luis Amílcar Cetino y Tomás Cerrate Hernández fueron condenados a muerte después de secuestrar y asesinar a Isabel Bonifasi de Botrán en 1996.

En su caso, en el año 2000, les inyectaron tres sustancias letales que los llevaron a la muerte en menos de 10 minutos.

Anteriormente el método para aplicar la sentencia era a través del fusilamiento.

Los acuerdos internacionales

Guatemala es uno de los países firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, que se completa con el protocolo de 1990 relativo a la abolición de la pena de muerte.

“En Guatemala ha sido un tema que quedó rígido en la Constitución, ni siquiera ha estado en agenda la abolición y con esta iniciativa iríamos en retroceso”, comentó Menchú.

En la Constitución de la República, el artículo 2 garantiza el derecho a la vida a la población, mientras que el artículo 18 detalla los casos en los que no se podrá aplicar la pena de muerte.

11 de agosto de 2017, 06:08

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