Revisar los pactos colectivos, un desafío para todo el Gobierno

El reto de limpiar las planillas del Estado no es solo del Congreso, es del Gobierno completo. (Foto: Alexis Batres/Soy502).

El reto de limpiar las planillas del Estado no es solo del Congreso, es del Gobierno completo. (Foto: Alexis Batres/Soy502).

El nuevo Presidente del Congreso, Mario Taracena, abrió la caja de Pandora al sacar a luz la lista de los contratos 0-11 del Organismo Legislativo.

La nómina publicada revela no sólo el abuso insolente de los recursos sino el caos absoluto que existe en el departamento de Recursos Humanos del Congreso.

La lista contiene solamente a la mitad de los trabajadores parlamentarios, pues según Taracena, la institución contrata cerca del doble de personas en los renglones 0-22 y 0-29. En total, suman unos 3 mil empleados que ni siquiera caben físicamente en las instalaciones de la novena avenida.

De esa cuenta, el Congreso se ha convertido en una cueva de plazas inútiles y fantasmas. Sólo en la planilla de 0-11 hay 354 secretarias, 373 asistentes administrativos, 239 técnicos operativos, 175 conserjes y 90 guardias.

Resulta obvio que no existen rangos salariales según los puestos ni lógica alguna entre el cargo de una persona y la remuneración que recibe. Ha sido motivo de indignación en redes sociales que el supervisor de conserjes gane más de 30 mil quetzales al mes o que haya un encargado de parqueo que devenga cerca de 15 mil quetzales, un salario que en el mercado laboral de Guatemala bien vale los servicios de un graduado universitario.

Este desorden entraña un despilfarro enorme, pues de los 837 millones de quetzales del presupuesto anual del Congreso, cerca de la mitad, 432 millones, se va en puro pago de salarios. Y ya quisieramos que este dinero se invirtiera en profesionales que aportan calidad y valor al trabajo Legislativo, pero no...De sobra es sabido que muchas de estas plazas se destinan a personas que no hacen nada, que a veces ni siquiera se aparecen en el Legislativo, pero que conservan un porcentaje del cheque mensual y entregan la mayor parte de su remuneración al diputado que se las consiguió.

De esta forma, los diputados aumentan su ingreso y su capital político, porque cada uno se convierte en una especie de agencia de empleo. Sólo el diputado Roberto Kestler, de la Bancada Todos, por ejemplo, tiene 18 personas a su servicio que cuestan casi 250 mil quetzales al mes. 

Las plazas en el Congreso son muy apetecidas porque no requieren de ningún esfuerzo y garantizan un ingreso creciente. Gracias a las ventajas que le otorga el Pacto Colectivo a los trabajadores, básicamente éstos son inamovibles y reciben un salario inflado con diversas prestaciones como aumentos automáticos cada año, bonos vacacionales y bonos por antigüedad. Estos incrementos salariales no dependen de ninguna evaluación por desempeño. Si ya está en la nómina, la persona recibe su cheque hasta el final de sus días y con suficiente paciencia, puede ir acumulando una entrada mensual que fácilmente supera los 20 y los 30 mil quetzales.

Estos pactos colectivos aberrantes son una plaga en el Estado. El caso del Congreso no es aislado. Urge revisar los demás Organismos de Estado: tanto el Judicial, que no debe andar lejos, como el Ejecutivo, en donde algunas carteras, como la de Salud, son especialmente preocupantes. 

Ahora que el Presidente del Congreso destapó esta caja de Pandora, la Procuraduría General de la Nación debe actuar de inmediato y aprovechar la coyuntura para renegociar todos los pactos colectivos que saquean a los contribuyentes y envuelven en una espiral carente de toda racionalidad a la adminsitración pública.

El tema también pone en bandeja de plata que se discuta en el Legislativo una normativa para el servicio civil en el Estado.

Todos queremos funcionarios públicos capaces, responsables y bien pagados. Es una grosería que haya tanto "asistente" fantasma que gana más que un maestro que de verdad deja la piel por llevar educación hasta los rincones más alejados del país, o que los fiscales que están arriesgando la vida batiéndose contra el crimen organizado ganen menos que un "supervisor de edecanes". No hay derecho.

Las aberraciones que hemos constatado en la planilla del Congreso le roban a los contribuyentes pero también a los empleados públicos que sí aportan.

Este ha sido un buen inicio para la gestión del Presidente Taracena y esperamos que el Estado siga la pauta que él ya marcó y que el escándalo sea más que una "bomba mediática". Esperamos consecuencias administrativas reales. El apoyo de la sociedad, por descontado lo tienen quienes pongan orden en ese insolente caos.

 

 

 

21 de enero de 2016, 13:01

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