Solicitan antejuicio contra el diputado Luis Hernández Azmitia

El director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, presentó este viernes una solicitud de antejuicio en contra del diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la comisión de Salud del Congreso de la República. Los hechos trascienden un día después de que Hernández señalara a Soto de tener plazas fantasma en el centro asistencial y de realizar compras fraccionadas.

La mañana del jueves, el director acompañado de varias autoridades del ministerio de Salud y Finanzas, asistió a una citación del congreso convocada por Hernández. Allí el diputado lo acusó de hacer nombramientos ilegales y malversar fondos.

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Se están cometiendo varios delitos en la administración del doctor Carlos Soto. Toda la información es pública y tengo todos los documentos que lo confirman
Luis Hernández Azmitia
, Diputado del Movimiento Reformador

Hernández comentó que ya realizó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP) por las irregularidades que según él, encontró en la administración de Soto. La denuncia que colocó es por el delito de cohecho pasivo.

Solicita antejuicio    

Soto negó los señalamientos vertidos en su contra y los catalogó como “falsedades”. Además anunció que presentó al MP una solicitud de antejuicio contra Hernández por los delitos de difamación, denuncia falsa y abuso de autoridad.

En consideración de Soto, las contrataciones de personal y las compras que se han realizado en su gestión son justificadas. “Él puede que sea diputado pero no puede presentar esas acusaciones, difamándome así”, comentó.

Tenemos que fraccionar (las compras) porque de lo contrario no podemos mantener abierto el hospital
Carlos Soto
, Director del Hospital Roosevelt

En la conferencia, el director del hospital se hizo acompañar de los empleados que ocupan las plazas que según Hernández son ilegales.

Delito de difamación no aplica

Aunque Soto considera que los señalamientos de Hernández lo “desacreditan y menoscaban su honor”, según el artículo 35 de la Ley de Libre Emisión del Pensamiento, “no constituye delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos”.

El Ministerio Público deberá analizar la acción presentada por Soto y decidir si la traslada a la instancia correspondiente. 

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15 de julio de 2016, 13:07

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