Una tragedia a cambio de un lugar donde vivir

La tragedia del Cambray II nos vuelve a enfrentar a demonios ya conocidos. No hace falta recorrer cientos de kilómetros ni adentrarnos en lo más profundo del país para lidiar con una realidad que no quisiéramos ver: la que se origina en la necesidad de una vivienda lo más digna posible.

Quienes residían en ese terreno ubicado en el fondo de un cerro, allí donde jamás hubiese tenido que concederse una licencia de construcción ni erigirse un solo muro, edificaron una casa cercana a sus lugares de trabajo y de estudio. Confiaban, pese a las advertencias, de que todo iba a estar bien. Jamás imaginaron que un alud de tierra, piedras y agua, sepultaría a sus familias.

Santa Catarina Pinula es una comuna pujante, ubicada en el primer lugar del ranking municipal 2013 elaborado por la Secretaría General de Planificación y Programación. No obstante, y a pesar de este reconocimiento, hoy todos estamos dolorosamente conscientes de que “alguien” autorizó la venta de lotes y el desarrollo habitacional en el sitio. Asimismo, de que sobre los responsables debería de caer todo el peso de la ley.

El Ministerio Público ha iniciado ya con una investigación para determinar quién tuvo la culpa de esto. Quién o quiénes. Pero lo sabemos de sobra: dramas similares han pasado antes y seguirán pasando en el futuro, si como indican los expertos, no desarrollamos una política pública que permita evitar las tragedias anunciadas. En este país no aprendemos de las catastróficas lecciones que nos dejaron otros horrorosos deslaves, como el de Panabaj, que hace 10 años convirtió a un cantón de Santiago, Atitlán en un camposanto. Fallecieron más de 400 guatemaltecos y su muerte resultó en vano.

Son 500 mil personas las que, según reportes de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, viven hoy en riesgo de que se deslicen los lugares donde habitan. Los asentamientos, aquí tan cerca, son la principal preocupación en la zona metropolitana. Pero también, un poco más lejos, son zona roja sitios en Quiché, Huehuetenango y, de nuevo, el Lago de Atitlán.

Todas las comunas deberían ya de estar haciendo cálculos de qué pueden hacer y cuánto requerirían de apoyo del Gobierno central para prevenir episodios de muerte y destrucción que se vislumbran como inminentes. Hasta ahora, sin embargo, no he escuchado el pronunciamiento de ningún alcalde. Ni tampoco he oído el llamado de la Asociación Nacional de Municipalidades para desempolvar los Planes de Ordenamiento Territorial que todas las comunas deberían de tener vigentes. El dinero se va en otras cosas. En cuestiones que no son urgentes. En prioridades que cuesta entender.

La Guatemala que hoy llora a cientos de sus habitantes ha derramado ya demasiadas lágrimas por mal llamados “desastres naturales”, que no son sino crímenes cometidos por la falta de planificación, por funcionarios municipales corruptos en las municipalidades, o bien por una nefasta mezcla de ambos.

Causa indignación que los valientes rescatistas que han arriesgado su vida en el Cambray II se sepan los protocolos de memoria, porque este no es su primer deslave. Y lo que resulta pero: que presumiblemente tampoco será el último. Dentro de los que hoy tienen el lodo casi hasta el cuello, figuran personas que vivieron lo mismo en Panabaj hace 10 años. Ambas tragedias ocurrieron en octubre. Ambas nos hicieron derramar toneladas de lágrimas. Ambas sucedieron exactamente por la misma razón. Una catástrofe es el calco de la otra. ¿Cuántas más hacen falta para que enfrentemos a los demonios ya conocidos y hagamos algo para enviarlos a un infierno del que jamás debieron de haber salido?

 

07 de octubre de 2015, 09:10

*Las opiniones publicadas en las columnas son responsabilidad de su autor, no de Soy502
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