19/06/2021

  • Investigación502

Alberto, el guardarrecursos asesinado en Alta Verapaz

  • Por Angélica Medinilla
26 de abril de 2020, 04:04
Alberto, el guardarrecursos asesinado en Alta Verapaz.

Alberto, el guardarrecursos asesinado en Alta Verapaz.

Alberto Cucul Choc tenía 13 años laborando en resguardar el Parque Nacional Laguna Lachuá, de Alta Verapaz. Fue asesinado el pasado lunes 8 de junio cuando salía de trabajar. Diez meses después, el Ministerio Público continúa con la investigación. Aún no hay capturados por el ataque.

EN CONTEXTO: CONAP denuncia asesinato de guardarrecursos de laguna Lachuá

El guardarrecursos había estado de turno durante el fin de semana. Sus compañeros de trabajo recuerdan que ese lunes se despidió de ellos y salió rumbo a su casa. Alberto conducía su motocicleta en un tramo de cinco kilómetros en la Franja Trasversal del Norte cuando lo atacaron a balazos. El trayecto donde lo asesinaron se encuentra dentro del Parque.

Un colega lo encontró agonizando y pidió auxilio. Pero los paramédicos no pudieron hacer nada, Alberto ya había fallecido cuando llegaron al lugar. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) denunció el atentado con este comunicado.

“Solicitamos que se brinde la seguridad necesaria a nuestro personal en campo, principalmente a guardarrecursos, quien han sido amenazados, agredidos, retenidos y asesinados en cumplimiento de su deber”, indicó el Conap.

Las usurpaciones

Los guardarrecursos tienen asignados sectores para resguardar en el Parque Laguna Lachuá. Algunas áreas las clasifican como “zona roja” por riesgos de usurpaciones y amenazas al personal de Conap. Pablo Valdez, director regional de Conap en Las Verapaces, asegura que Alberto Cucul no estaba en uno de estos sectores marcados como peligrosos.

Valdez recuerda a Cucul como una persona responsable, que cumplía con sus labores. Tenía 46 años, se dedicaba a trabajar y compartir tiempo con su esposa e hijos.

“No recuerdo que Alberto nos comentara o notificara de alguna amenaza. Pero las amenazas son constantes a nivel general por el tipo de trabajo que los guardarrecursos hacen. Ellos viven con constante miedo por amenazas y temen sufrir algún atentado por el tema de las usurpaciones”, afirmó.

En 2019, el Instituto Nacional de Bosques (Inab) denunció que habían alrededor de 2 mil 600 hectáreas de terreno usurpado el Parque Nacional de la Laguna Lachuá, lo cual representa un 18% del área protegida.

El Inab y el Conap interpusieron una denuncia en el Ministerio Público (MP) contra un grupo de personas señaladas de invadir y talar ilegalmente dentro del área protegida, lo cual pone en riesgo la biodiversidad de la zona. La usurpación no está en un lugar cercano al espacio turístico, pero afecta al ecosistema.

Investigación

Han pasado diez meses desde el asesinato contra Alberto Cucul y la investigación del MP todavía sigue abierta. De momento, se desconoce si el atentado podría estar relacionado con su labor o si se trataría de otra causa.

La Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz del MP tiene a cargo el caso. Soy502 consultó por los avances en las pesquisas. “Se han tomado declaraciones testimoniales, realizado dictámenes periciales, entre otros, los cuales no se pueden detallar debido a que el proceso de investigación está en curso”, informaron de la Fiscalía.

El director regional de Conap en Las Verapaces comenta que el MP no les ha actualizado sobre avances de la investigación, aún no hay sospechosos ni capturas.

Riesgos

El Conap ha pedido que se refuerce la seguridad en el Parque Laguna Lachuá. “Por la misma presión que se tiene, siempre hemos pedido que se nos apoye con poder brindar seguridad al personal y al área protegida. Hay una subestación de Diprona, previo a llegar al Parque. Ellos apoyan regularmente con patrullajes combinados, pero son insuficientes para poder resguardar toda el área”, señala Valdez.

Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), señala que los guardarrecursos se encuentran en una situación muy vulnerable por su labor de protección del medio ambiente.

“Hay asesinatos contra defensores de derechos humanos, como los guardarrecursos, que no se investigan. Lo que se pretende es mantener estos casos en total impunidad. Pueden pasar uno o dos años y no hay resultados de las investigaciones”, expresa.

Desde 2014 a junio de 2020, se han registrado 3,580 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. En Guatemala todavía no se ha implementado una Política de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, a pesar de que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que manda al Estado a impulsarla de forma participativa.

Cadena opina que se pueden establecer mecanismos de protección física, al hogar y familia, pero lo más importante es que el Estado tenga voluntad política de cumplir con estas medidas de protección y terminar con las estructuras criminales que atacan a defensores de derechos humanos.

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