27/09/2020

  • Política

Los argumentos a favor y en contra de la polémica ley de ONG

  • Por José Miguel Castañeda
28 de febrero de 2020, 05:02
La Corte de Constitucionalidad debe resolver al menos siete recursos legales planteados contra la polémica ley. (Foto: Wilder López/Soy502)

La Corte de Constitucionalidad debe resolver al menos siete recursos legales planteados contra la polémica ley. (Foto: Wilder López/Soy502)

El presidente Alejandro Giammattei sancionó la ley que regula y fiscaliza a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y un día después fue publicada en el Diario de Centroamérica. Entrará en vigencia en ocho días y el Congreso tiene un mes para emitir un reglamento.

El mandatario señaló que está de acuerdo con que las ONG transparenten los fondos y que han identificado casos en los que estas son utilizadas para financiar hechos delictivos.

"Seamos enfáticos en algo, entra dinero a Guatemala bajo el paraguas de ONG que no se sabe la procedencia, no se sabe su destino y no se sabe en qué va a beneficiar. De hecho, hemos tenido algunos casos que se ha mal utilizado, incluso en el financiamiento de hechos delictivos", aseguró Giammattei.

  • RECUERDA:

El gobernante puso de ejemplo una ONG, de la que no dijo el nombre, que se dedica a hacer implantes para oídos, pero que maneja costos similares a los del mercado privado. Esta ONG se estaría beneficiando al no pagar impuestos sin que exista un beneficio a la población.

Entre las ONG que serán fiscalizadas se encuentran varias de beneficio social que suplen servicios que el Gobierno no es capaz de proveer, como las escuelas Fe y Alegría que desde 1976 ha facilitado la educación a personas de escasos recursos. Esta ONG en particular fue destacada por Giammattei como un ejemplo de lo que una buena organización hace para el país.

Pero también hay otras ONG que han sido señaladas de organizar manifestaciones y bloqueos en carreteras. 

A favor

Quienes apoyan el Decreto 4-2020 aseguran que ya es momento de que las ONG transparenten sus finanzas, debido a que esta norma las obliga a hacer públicos sus ingresos y gastos.

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"En el camino se quedan millones de dólares en estas personas que manejan las ONG. Lamentablemente se ha vuelto un negocio multimillonario no fiscalizado en nuestro país. Peor aún muchas de estas se dedican a la desestabilización permanente de nuestra institucionalidad", puntualizó el diputado del partido Todos, Felipe Alejos.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) considera necesario transparentar el financiamiento de las ONG, pero también analiza el texto aprobado porque ninguna norma puede impedir garantías constitucionales.

En contra

El principal argumento en contra es que se faculta al Registro de Personas Jurídicas (Repeju) del Ministerio de Gobernación para que pueda cancelar cualquier ONG que considere que está violando las leyes del país.

La SAT, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la CGC también podrán solicitar la disolución de las ONG si consideran que sus actividades son contrarias a la ley.

"No dice en ninguna parte de la ley qué significa alterar el orden público y deja a discrecionalidad del Ministerio de Gobernación si una ONG alteró el orden público y debe ser cancelada", señala el presidente de la presidente de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop), Elmer Velásquez.

Esta cancelación no será inmediata. El artículo 6 establece un plazo de 15 días y el artículo 13 determina que se debe elaborar un reglamento para regular el proceso de cancelación.

Los opositores a la ley sostienen que ya transparentan sus gastos, debido a que deben rendir informes a sus financistas.

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El parlamentario de la bancada Winaq, Aldo Dávila, se hizo conocido por su activismo en la organización Gente Positiva, ONG cuyo objetivo es ayudar a pacientes con VIH y participó en varias manifestaciones. Ahora, Dávila teme que esta ley sirva para criminalizar a quienes no están de acuerdo con algunas decisiones políticas.

"Soy alguien que cuando no ha tenido medicamentos para las personas que vivimos con VIH. Yo he tapado el Congreso de la República y solo así me han escuchado. El día que yo no tenga medicamentos para el VIH, para mí, ya no voy a poder tapar el Congreso porque me van a criminalizar", advirtió Dávila.

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, también mostró su inconformidad ante esta ley porque a su parecer atenta contra varios derechos.

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"Las ONG vienen a cumplir un gran papel donde el estado no llega, como educación y salud. En lugar de estar viendo cómo se les perjudica, deberían ver cómo se les fortalece el apoyo para complementar ese gran trabajo que está pendiente en toda la sociedad, principalmente en la más necesitada", aseveró el magistrado de conciencia.

El Gobierno de Estados Unidos también mostró su preocupación por esta ley debido a que "impone requisitos onerosos a las ONG".

¿Qué entidades se registran?

Actualmente ante el Repeju se inscriben como ONG las entidades sin fines de lucro y que tengan intereses culturales, educativos, deportivos, con servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico social.

De acuerdo con el Manual de Criterios de Inscripción del Repeju, para inscribir una ONG es necesario que esta sea sin fines de lucro y de beneficio social y que promueva políticas de desarrollo de carácter social, económico, cultural y de ambiente.

Las ONG podrán contar entre sus asociados hasta un veinticinco por ciento (25%) de extranjeros, siempre que estos sean residentes en el país, de acuerdo con la Ley de Organizaciones No Gubernamentales. Este requisito no se modificó con el Decreto 4-2020.

Los nuevos requisitos

Esta norma contempla que cualquier ONG tiene que inscribirse ante el Repeju, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

Además, toda ONG que maneje fondos públicos estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC). En el caso de las ONG extranjeras, también deben contar con el aval del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Actualmente la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene pendiente de resolver siete amparos presentados por diversas organizaciones sociales y políticas que buscan frenar la entrada en vigencia de esta ley.

Giammattei aseguró, durante la conferencia de prensa en la que avaló la el Decreto 4-2020, que consultó con tres consitucionalistas "a título personal" (reservándose sus nombres) para establecer que la ley que sancionó no viola la Constitución.

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