11/05/2021

  • Política

Batas sobrevaloradas: los contratos millonarios a las empresas implicadas

  • Por Jessica Gramajo
15 de abril de 2021, 10:04
El MSPAS adquirió Q1.3 millones en batas esterilizadas que habrían sido sobrevaloradas según una investigación del MP. (Foto: Mundo de Hoy)

El MSPAS adquirió Q1.3 millones en batas esterilizadas que habrían sido sobrevaloradas según una investigación del MP. (Foto: Mundo de Hoy)

Cuatro personas han sido capturadas por la presunta sobrevaloración en la compra de batas esterilizadas por parte del Ministerio de Salud. Entre los señalados se encuentran los representantes legales de dos empresas que han tenido contratos millonarios con el Estado.

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EN CONTEXTO: Prófugo por caso de batas sobrevaloradas es asesor de la Conred

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Uno de capturados durante la mañana de este jueves 15 de abril es César Jiovany Guzmán Camas, propietario y representante legal de la sociedad anónima Importadora y Exportadora Mckd.

Según el portal de Guatecompras, la empresa de Guzmán Camas ha sido contratista del Estado desde 2013, tiempo en el que ha obtenido Q20.2 millones en contratos, los más altos ocurrieron el año pasado, durante la la cuarentena, cuando vendieron Q7.1 millones.

(Fuente: Guatecompras)
(Fuente: Guatecompras)

La Importadora y Exportadora Mckd, también conocida con el nombre comercial Servicios Técnicos Guzmán Camas, obtuvo en 2020 un total de 77 contratos, de los cuales 22 fueron por concurso y 65 compras directas.

Las ventas han sido diversas. Uno de los principales compradores ha sido el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, el mismo Ministerio Público (MP) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como varias municipalidades.

Según el reporte de Guatecompras, durante la pandemia vendió desde trajes de protección personal, bolsas de polietileno, kits de higiene personal para niños, y hasta llantas para vehículos.

La licitación pública más grande que ganó durante el 2020 fue con el Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua), a quienes les vendió 3,500 kits de higiene por Q411,600.

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(Fuente: Guatecompras)

La investigación de la Fiscalía contra la Corrupción del MP informó que la Importadora y Exportadora Mckd vendió 2,700 batas esterilizadas al Hospital de Villa Nueva por Q87,750 quetzales, pero al hacer un análisis del producto, determinaron que la batas no estaban esterilizadas.

ANTECEDENTES: Declaran prófugo a exviceministro de Salud, Héctor Marroquín

Grupo Roja

La otra empresa señalada es la sociedad anónima Grupo Roja, la cual obtuvo un contrato de Q1.3 millones con Salud por la compra de batas esterilizadas que no cumplían ese requisito y que habrían estado sobrevaloradas.

En el portal de Guatecompras se establece que Grupo Roja ha proveído al Estado desde 2018 y ha ganado 53 contratos por Q3 millones, la mayoría (38) por compras directas, de ellas 32 sucedieron el año pasado durante la pandemia.

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(Fuente: Guatecompras)

Los principales compradores fueron el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader), la Secretaría Presidencial de la Mujer, la Empresa Portuaria Quetzal, cancillería, el Ministerio de Salud y varias municipalidades.

Las ventas han sido diversas. Ha vendido hieleras, recipientes desechables, batas quirúrgicas, caretas de protección personal, zapatones, termómetros, entre otras cosas.

Caso Pandemia Covid-19

El MP realizó varios allanamientos este jueves para arrestar a cinco personas, entre ellos el ex viceministro de Salud, Héctor Giovanni Marroquín Barrios, quien ahora trabaja como asesor en la Conred, quien fue declarado prófugo de la justicia.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra la Corrupción, las empresas habrían vendido batas esterilizadas por Q1.3 millones, las cuales habrían estado sobrevaloradas y no cumplían con los requisitos de esterilización ofrecidos.

Por este caso, denominado "Pandemia Covid-19", están señalados tres empleados públicos y los dos representante legales de las empresas que habrían estafado al Estado.

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