04/12/2022

CIDH pide al Estado guatemalteco respetar el sistema de justicia

  • Por Heidi Loarca
08 de agosto de 2021, 14:41
El Estado debe garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de Justicia, dice la CIDH. (Foto: archivo/Soy502)

El Estado debe garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de Justicia, dice la CIDH. (Foto: archivo/Soy502)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado y pide a las autoridades del Estado de Guatemala priorizar en la lucha contra la impunidad y corrupción, respetando el sistema de justicia independiente e imparcial.

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Mediante un comunicado, la CIDH hace un recordatorio al presidente de la República, Alejandro Giammattei, sobre la obligación de proteger a los operadores de justicia frente  a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamiento, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente.

La Comisión recibió con suma preocupación información sobre la destitución del Fiscal Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ordenada por la titular del Ministerio Público el pasado 23 de julio, dice el comunicado.

Esta entidad explica que la justificación ofrecida por la fiscal general, Consuelo Porras, para remover a Sandoval, fue supuestamente por presentar objeción por escrito a una instrucción verbal, hecho calificado de arbitrario por la CIDH.

Pide protección para operadores de justicia

Además, señala que la decisión de Porras colocaría en entredicho el compromiso del Estado de Guatemala con la lucha contra la corrupción, debido al incumplimiento de los estándares internacionales en materia del debido proceso legal y a las causales establecidas en la normativa nacional para la destitución de funcionarios de carrera.

Puntualizan que esas acciones tienen como efecto debilitar la independencia de los operadores de justicia y, por consiguiente, representan severos retrocesos en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.

Asimismo, resalta la importancia de establecer medidas de protección a operadores de justicia e investigadores, que garanticen la capacidad de ejercer su labor, libres de amenazas, intimidaciones y otros actos.

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