• Política

Un fallo advirtió al gobierno que no debía intentar sacar a Velásquez

  • Por José David López
04 de septiembre de 2018, 16:09
El máximo tribunal del país le ordenó al gobierno seguir el procedimiento regulado en el acuerdo que le dio vida a la CICIG. (Foto: archivo/Soy502)

El máximo tribunal del país le ordenó al gobierno seguir el procedimiento regulado en el acuerdo que le dio vida a la CICIG. (Foto: archivo/Soy502)

En 2017, después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) anulara la declaración de non grato contra Iván Velásquez, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió no renovarle la visa al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Ese movimiento de la cancillería fue considerado por la corte como un nuevo intento para expulsar al comisionado de Guatemala. “Lo anterior evidencia que la revocación de la visa del Comisionado Iván Velásquez Gómez, se hizo en exigencia de requisitos formales no establecidos en las normativas que regulan la materia, siendo consecuencia lógica de esa revocación la posible expulsión del país”, consideró el máximo tribunal en esa ocasión.

Pese a que finalmente fue renovada la visa, la exviceministra de relaciones exteriores, Alicia Castillo, le envió una carta a Velásquez en la que le advirtió que no debía “inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentre en territorio guatemalteco”.

  • ASÍ TE LO CONTAMOS:

A raíz de ese incidente, la CC determinó que cualquier controversia relacionada a la CICIG debía ser resuelta entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas, en un procedimiento de mutuo acuerdo. Pero en el comunicado emitido este martes por el Gobierno, se lee que Jimmy Morales decidió impedir el ingreso a Velásquez “ante la pasividad que adoptó la Organización de las Naciones Unidas”.

“Existe una clara desobediencia de Jimmy Morales y los ministros de Estado al momento de decidir no dejar ingresar al país al comisionado Iván Velásquez", dijo Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.

Díaz explicó que la sentencia dictada en 2017, que el gobierno no debía condicionar ni impedir el mandato de la CICIG sin seguir el procedimiento establecido en el acuerdo que le dio vida a la Comisión.

  • MÁS DETALLES:

“Pues en todo caso de existir discrepancias entre la Comisión y el Gobierno de Guatemala, la vía correcta para expresarlas es la indicada en el precepto normativo citado. De ahí que, cualquier disposición contraria a ello, resulta nula de pleno derecho”, estableció el máximo tribunal en esa ocasión.

“Es un desafío a la corte, es un rompimiento de la institucionalidad y se debe certificar lo conducente”, opinó el abogado Alejandro Balsells. El jurista además explicó que la sentencia del año pasado es vinculante con la decisión anunciada por el mandatario este martes. 

Díaz además explicó que el máximo tribunal del país "debe ordenar lo conducente" -investigar- contra los ministros que conforman el Consejo de Seguridad Nacional y que desobedecieron la sentencia que dictó. En el fallo del año pasado, la CC advirtió a la canciller Sandra Jovel y a su viceministra que de no acatar la resolución se ordenaría su destitución.

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