El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, planteó una inconstitucionalidad del Acuerdo Gubernativo 74-2020, que contiene las normas reglamentarias para la protección de los efectos económicos provocados por el Covid-19.
Rodas asegura que busca garantizar el derecho de la población para acceder a los servicios de agua, energía eléctrica, telefonía e internet, y evitar que se altere el espíritu del Decreto 15-2020.
"El Gobierno se inclinó por los intereses particulares (de los prestadores de servicios) dejando a los usuarios en riesgo de que les corten el agua, la luz, el teléfono y el internet. ¿Dónde queda el bien común?", manifestó Rodas en su cuenta de Twitter.
El @PDHgt @JordanRodas, planteó ante la @CC_Guatemala inconstitucionalidad general parcial en contra de partes especificas del Acuerdo Gubernativo 74-2020, en el cual se emiten las normas reglamentarias para la protección de los efectos económicos provocados por el #Covid19. pic.twitter.com/z5S799mOVc
El Procurador señaló algunas normas que considera inconstitucionales:
- Establece un plazo de prohibición de suspensión de servicios, pero la ley indica que es mientras dure el estado de calamidad.
- La "obligación" de solicitar el beneficio.
- La posibilidad de suspensiones parciales (reducción de servicios).
- Creación de requisitos para evitar suspensión de servicios (máximos de consumo, solo servicios residenciales, estar al día al entrar en vigencia la ley).
- La "obligación" de presentar la solicitud "completa".
- La variación del inicio de los plazos de los convenios de pago.
Esta es la postura del sector eléctrico:
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