El MP a través de la FECI busca anular el convenio de cooperación eficaz con Juan Carlos Monzón.
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Los icónicos casos La Línea y Cooptación del Estado podrían estar en riesgo ya que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, solicitará anular el convenio de colaborar eficaz con el exsecretario privado de la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, a quien pide llevar a juicio.
La solicitud de audiencia fue presentada este jueves 23 de junio por el titular FECI ante el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, con el propósito de entregar una acusación en contra de Monzón y solicitar que sea enviado a juicio por los casos La Línea y Cooptación del Estado.
Sin embargo, los fiscales del MP no acudieron este día a la audiencia que se tenía programada, por lo que el juez Gálvez advirtió que se deben de presentar sin exclusa a la próxima audiencia programada en 20 días.
Sorprendido
Alexis Calderón, abogado de Monzón, dijo estar sorprendido por la solicitud realizada por el MP, por lo que solicitó emplazar a FECI para que cumpla con los acuerdos firmados en 2016, en donde se establece que se hará un procedimiento abreviado en favor de su cliente.
Mientras que el fiscal de FECI, quien llegó a la audiencia, consideró "razonable" y viable la petición de Curruchiche.
Casos en disputa
El caso La Línea se develó el 16 de abril de 2015 por la FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, y por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en el que se evidenció una estructura compleja red de contrabando en las aduanas que sirvió para enriquecer de manera ilícita a los involucrados.
En este proceso jurídico se identificó la participación altos funcionarios, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, así como personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre ellos su titular, Omar Franco; entre otros.
Un año después de que se develó el caso, Monzón firmó un convenio de colaboración eficaz, con el que se logró desbaratar otra estructura de corrupción conocida como TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal), empresa a la que se le favoreció con un usufructo de 25 años. En el caso también estaba involucrado Pérez Molina y Baldetti.
Con las declaraciones de Monzón y las investigaciones realizadas en La Línea, también se reveló el caso conocido como Cooptación del Estado, en el cual se evidenció otra estructura criminal a través del otorgamiento de más de 70 contratos a diferentes sociedades anónimas que habrían financiado la campaña política del extinto Partido Patriota.
