26/11/2021

Mujer condenada por trata fundó una empresa farmacéutica que licita millones

  • Por Soy502
18 de mayo de 2021, 07:00
A 12 años de prisión fue condenada Gloria Marina Aguilar Campaneros en septiembre de 2020, pues fue encontrada culpable de participar, con abogados y notarios, en una red dedicada a las adopciones irregulares. (Foto MP)

A 12 años de prisión fue condenada Gloria Marina Aguilar Campaneros en septiembre de 2020, pues fue encontrada culpable de participar, con abogados y notarios, en una red dedicada a las adopciones irregulares. (Foto MP)

Según el acta que registra la creación de la sociedad, Aguilar Campaneros, entonces de 37 años, soltera y de profesión secretaria, aportó 100 quetzales para representar la mitad del capital suscrito.

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El 8 de febrero de 2019, la señora Gloria Marina Aguilar Campaneros firmó la escritura de constitución de la empresa Aria Pharmaceutical Group, en la oficina del notario Diego Santamarina Cárdenas, en un elegante edificio sobre la Avenida la Reforma.

Esta es el acta de constitución de la empresa Aria Pharmaceutical Group. (Foto Wilder López/Soy502)
Esta es el acta de constitución de la empresa Aria Pharmaceutical Group. (Foto Wilder López/Soy502)

Según el acta que registra la creación de la sociedad, la señora Aguilar Campaneros, entonces de 37 años, soltera y de profesión secretaria, aportó 100 quetzales para representar la mitad del capital suscrito y pagado de la sociedad anónima, que se autorizó por 499 mil quetzales. La otra mitad del capital, es decir, otros 100 quetzales, la aportó la abogada Ana Gabriela Díaz Morales.

Cada socia fundadora aportó 100 quetzales para darle vida a la sociedad anónima. (Foto Wilder López/Soy502)
Cada socia fundadora aportó 100 quetzales para darle vida a la sociedad anónima. (Foto Wilder López/Soy502)

La empresa tuvo un éxito fulgurante: en 2020 y 2021 ha facturado más de 107 millones de quetzales en contratos gubernamentales con el sector salud. En una investigación de Soy502 se estableció que con apenas tres años de fundada, Aria Pharmaceutical Group se encuentra en el top 10 de contratistas del Estado durante la pandemia. 

Aria Pharmaceutical Group, al igual que Aviv Pharma, han estado bajo el escrutinio público no solo por su reciente creación y alto volumen de negocios, sino porque según reportes de prensa y fuentes de la industria farmacéutica, son las empresas que cuentan con los registros sanitarios para la venta de Remdesivir, un medicamento utilizado en el tratamiento de casos graves de Covid-19.

Los frutos de esas negociaciones con el Estado no los ha podido disfrutar la señora Aguilar Campaneros, pues pocos meses después de firmar este documento, a principios de mayo de 2020, fue detenida por el Ministerio Público, acusada de trata de personas en la modalidad de adopciones irregulares. 

En el proceso que se siguió contra Aguilar Campaneros, la fiscalía argumentó que, en colaboración con abogados y notarios, suplantó la identidad de la madre de un menor en un proceso anómalo de adopción. Por ese delito fue condenada a 12 años de prisión en septiembre de 2020

¿Alguna vez fue parte de la empresa farmacéutica?

La señora Aguilar Campaneros únicamente figura como socia fundadora de la empresa, en la escritura de constitución. En el portal de Guatecompras, quien aparece como representante legal de la misma es el señor Alejandro de Dios Nájera quien también cumple esa función para la empresa Aviv Pharma. 

"No conozco a esa persona", dijo el señor de Dios Nájera al ser consultado por Soy502 sobre esta situación. "Cuando yo me incorporé a esta empresa, esa señora no existía ni participaba de las decisiones de la compañía ni de su actividad comercial. Primera vez que escucho hablar de ella y de sus problemas legales".

Según la fiscalía de trata, la señora Aguilar Campaneros no tiene el perfil financiero de una empresaria importante.
Según la fiscalía de trata, la señora Aguilar Campaneros no tiene el perfil financiero de una empresaria importante.

¿Empresaria o presta nombres?

El Fiscal Adjunto de la Fiscalía contra la Trata de Personas, Mynor Pinto, duda que la señora Aguilar Campaneros sea una socia real de Aria Pharmaceutical Group. “Ella no tiene el perfil para hacer negocios de altos vuelos”, remarcó el funcionario.

El fiscal Pinto explicó que la investigación desarrollada sobre este caso reveló que Aguilar Campaneros empezó como niñera en una estructura criminal dedicada a adopciones irregulares. Posteriormente, según el fiscal, esta mujer se convirtió en “jaladora”, es decir que a cambio de una comisión, conseguía a mujeres dispuestas a entregar a sus bebés a las redes de adopción. Luego, continúa el fiscal, pasó a ocuparse de algunos trámites legales para los abogados que hacían este tipo de trabajo y por último llegó a administrar la operación. Según Pinto, en sus cuentas se depositaba dinero que ella usaba para pagar a varios “colaboradores” de la red de trata: madres de los niños, niñeras, alimentos para los niños, etc. 

Aguilar Campaneros fue detenida en su residencia en Villanueva, una casa que la mujer alquilaba según la Fiscalía de Trata. (Foto redes sociales Ministerio Público)
Aguilar Campaneros fue detenida en su residencia en Villanueva, una casa que la mujer alquilaba según la Fiscalía de Trata. (Foto redes sociales Ministerio Público)

“Llegó a administrar fuertes sumas de dinero para estas redes”, asegura el fiscal Pinto. Además, cuando se allanó su domicilio en Villanueva, encontraron que ella tenía bajo su resguardo varios expedientes de adopción, firmados por abogados que aún están siendo investigados, agregó el funcionario.

El notario que firmó el documento anómalo por el cual finalmente fue condenada Aguilar Campanero, Otto Gálvez Abril, está procesado y goza de libertad bajo medida sustitutiva.

Al momento de ser contactado por Soy502, el fiscal Pinto ignoraba que Aguilar Campaneros fuera socia fundadora de empresas que tienen contratos millonarios con el Estado, pero dijo que la situación no le extraña. “Desde que se formó el Consejo Nacional de Adopciones, en 2008, las redes que se dedicaban a las adopciones ilegales fueron duramente golpeadas”, explicó Pinto. “Es muy posible que con los contactos que tenía Aguilar Campaneros con diferentes abogados, ella haya pasado a colaborar en otros ilícitos, ahora como prestanombres”.

Los prestanombres o testaferros otorgan su identidad a criminales de cuello blanco, para hacer transacciones que permitan ocultar la verdadera identidad de los responsables o beneficiarios de ciertos negocios. El fiscal indicó que el testaferrato es un delito penado con 5 a 10 años de cárcel y multas que van de 50 mil a medio millón de quetzales.

El MP debe investigar

“Lo más probable es que aquí estemos frente a las modalidades tradicionales de la corrupción, en la que un conglomerado de empresas utiliza testaferros para simular o trasladar capacidades societarias, con el propósito de ejecutar negocios con opacidad, escondiendo la verdadera identidad de los propietarios o beneficiarios finales de estas empresas”, explicó el analista de Acción Ciudadana, Edie Cux.

“Llama la atención que una empresa constituida en 2019, en año electoral, reciba contratos millonarios en 2020 y 2021”, agregó Cux. “Esto hace sospechar pago de favores políticos a empresas que tienen detrás a los mismos proveedores o beneficiarios y que al final, son padrinos de campaña del gobierno de turno”.

Para este analista, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas están llamados a investigar este tipo de casos, para verificar si tras las empresas señaladas no hay proveedores con antecedentes en otros casos de defraudación o que tengan algún impedimento para participar en licitaciones del Estado.

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