• Política

El perdón que Alonzo quería otorgar a grandes empresas contaminantes

  • Por Roberto Caubilla
30 de agosto de 2018, 04:08
El ministro y su equipo presentaron una propuesta de amnistía para las empresas sancionadas. (Foto: MARN)

El ministro y su equipo presentaron una propuesta de amnistía para las empresas sancionadas. (Foto: MARN)

La huella de Alfonso Alonzo en el Ministerio de Ambiente no se hizo esperar cuando asumió la jefatura total de la cartera

A pesar de que asumió como viceministro desde 2016, no fue hasta en enero de este año cuando tomó el control total. Fue entonces cuando la cartera inició con una agresiva reforma: modificar el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

En pocas palabras, reformando este artículo cambiaba la regulación de la evaluación del impacto ambiental, incluyendo las multas, que van desde Q5 mil hasta Q100 mil. 

  • POR SI NO LEÍSTE:

Historial de quejas

A principios del año, en Sololá, unos pobladores se vieron sorprendidos por una fuerte multa ambiental, todo por un comedor, cuya propietaria era una señora, ya que carecía de la regulación ambiental.

La medida, dictaminada por el Ministerio de Ambiente, parecía desproporcionada, sobre todo frente a otras actividades comerciales que parecían contaminar más el departamento.

En otro caso, un grupo de 40 mil iglesias evangélicas en todo el país enfrentaron el brazo duro de la regulación ambiental, ya que se les exigía una evaluación ambiental. De acuerdo con los representantes de estos templos, la reglamentación no les aplica, ya que esta es solo para industrias y comercios. Pero el ministerio no acató.

Y, por último, un grupo de odontólogos con clínicas privadas también se vio sorprendido por la aplicación de la normativa.

En 2016, el anterior ministro, Sidney Samuels, puso en marcha el Acuerdo Gubernativo 137-2016, el cual establecía un plazo de dos años para obtener las licencias ambientales. Pero a partir de este año, con la ascensión de Alonzo como titular de la cartera, los controles se han intensificado.

Pero ellos no fueron los únicos con sanciones abiertas. Según los números de la cartera, entre 2016 y 2017 hay más de 400 expedientes sancionados, principalmente de negocios tipo B2 y C (de bajo impacto ambiental)

Al ser consultados los funcionarios de Ambiente, se justifican diciendo que la ley establece que “el funcionario que omitiere exigir el estudio será responsable personalmente por incumplimiento de deberes”. 

Acuerdo Gubernativo del 9 de julio de 2018. (Foto: Soy502)
Acuerdo Gubernativo del 9 de julio de 2018. (Foto: Soy502)

Fue tal la persecución y el aumento de los casos que, en julio de este año, el presidente Jimmy Morales firmó una extensión hasta 2020 para que el reglamento cobrara vigencia y que las empresas que aún no contaban con los permisos pudieran obtenerlos.

Mientras eso llegaba, el Ministerio de Ambiente trabajaba en paralelo para modificar el artículo 8 de la referida ley y otorgar una especie de amnistía ambiental, que habría favorecido a los empresas de alto impacto ambiental.

La propuesta original

El 10 de abril, Mario Estuardo Santos Dysli, secretario general del ministerio, envió a la Comisión de Ambiente del Congreso el primer borrador de la propuesta, la cual incluye dos modificaciones clave: 1) la cartera pasaría a aprobar los Estudios de Impacto Ambiental y 2) podría rebajar hasta el 90% de la multa impuesta a aquellas actividades que presenten el requisito de forma voluntaria.

Adicionalmente, la reforma incluye un artículo transitorio que otorgaría un plazo de seis meses para que puedan ponerse al día “sin que se les imponga sanción”, dirigido a todas las actividades incluidas las de alto impacto ambiental, que no eran parte de las quejas.

  • RECUERDA:

 

“La presente disposición aplica en todos los casos, aun en los expedientes que ya se encuentren sancionados con multa en cualquiera de sus fases, incluyendo el cobro en la vía judicial”, escribieron en la propuesta.

Un mes después, y ante el rechazo de algunos aspectos por parte de algunos diputados de la comisión, la abogada Evelyn Aleidy Lemus (que reúne más de Q550 mil en contratos con el ministerio desde 2016) envió una nueva modificación.

Correo enviado por la asesora del ministro. (Foto: Soy502)
Correo enviado por la asesora del ministro. (Foto: Soy502)
 

En este nuevo borrador, corrigen sus primeras intenciones y la “amnistía” para que las actividades se pusieran al día era únicamente para los negocios de bajo impacto ambiental.

En su correo confirmó que llevan desde febrero trabajando en este tema.

Un negocio perverso

El diputado Rudy Castañeda, vicepresidente de la Comisión de Ambiente del Congreso, comentó que la intención original era poder solucionar el conflicto con los pobladores de Sololá, que habían llegado a protestar al Palacio Legislativo. Pero como la solución era muy a largo plazo, se propuso hacer una especie de amnistía para todos los casos con problemas.

Asimismo, sobre la indiscrecionabilidad de la aplicación de la norma, el diputado apuntó que este tipo de obligaciones están poco definidas y se pueden llegar a convertirse en extorsiones del Estado. Sin embargo, Alonzo justificó que el personal regional solo estaba cumpliendo con la ley. 

Si yo salgo de aquí y veo un montón de negocios sin estudio, eso quiere decir que los funcionarios del ministerio están omitiendo en solicitar el estudio
Rudy Castañeda
, diputado de UCN.
 

“Aquí en Guatemala, todo lo que supone una obligación del Estado y que las leyes no definen exactamente lo que tienen que hacer se vuelve una extorsión. La ley dice una cosa, pero la realidad no lo hace”, expresó el diputado.

Castañeda definió como “perverso” el sistema de multas con destino a fondos privativos del ministerio y recomienda que vayan a un fondo común.

Según el diputado, la solución es una reforma íntegra de la ley, que diferencia a los negocios lucrativos de los de bajo impacto. La propuesta era que para los pequeños negocios se pudiera obviar la normativa, siempre que cumplan una serie de requisitos de una matriz.

La negación del ministerio

Pese a que las autoridades del ministerio trabajaron en la propuesta desde hace meses, no compartieron esta información.

A través de una solicitud de información pública, se pidió el proyecto de reforma que esperaban para modificar el artículo 8 de la ley.

Sin embargo, el ministro Alonzo negó por escrito que se estuviera gestionando un cambio en la ley.

Los confidentes de Alonzo 

Pese a que el ministro Alonzo negara que estuviera impulsando una reforma de ley, se evidencia que en su despacho recibió a diputados, que podrían estar vinculados en la aprobación de la propuesta.

Soy502 solicitó las visitas que el titular de la cartera había recibido en el Despacho Superior desde que asumió el cargo.

En la respuesta, la Unidad de Información Pública compartió el registro de las 291 entradas. Sin embargo, en los datos, los guardias solo anotaron un nombre y un apellido del visitante y no se puede determinar en la mayoría su procedencia.

Tampoco escribieron la hora de egreso de estas personas. En su defensa, desde la Unidad de Información Pública argumentaron que no tenían dicha información. 

 

Entre los nombres que más se repiten están Edwin Martínez, Hugo Barrios y Carmen Refugio Gressi, esta última fue candidata a alcalde por el Partido Patriota en San Antonio Huista, Huehuetenango.

No obstante, entre el listado aparecen otros nombres más reconocidos, como los diputados Adim Maldonado, Julio Lainfiesta, Marcos Yax y Estuardo Galdámez, entre otros, así como la excandidata al Parlamento Centroamericano, Ingrid Wohlers.

Como respuesta, actualmente el ministerio tiene abierto un proceso (NOG 7944748) para contratar a nuevo personal encargado del control de entrada y salida y de la seguridad perimetral.

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