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Presentan amparo provisional a favor de trabajadores de Cicig

  • Por Erivan Campos
19 de diciembre de 2018, 07:12
Este amparo es en respuesta del plazo de 72 horas para salir del país. (Foto: Archivo SOY 502)

Este amparo es en respuesta del plazo de 72 horas para salir del país. (Foto: Archivo SOY 502)

El abogado Alfonso Carrillo presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una solicitud de amparo provisional de oficio, en relación al caso del personal de Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a quienes el Gobierno de Guatemala les fijó plazo de 72 horas para abandonar el país.

  • Así te lo contamos:

Este recurso se basa en el artículo 10.2 del Acuerdo de establecimiento de esta comisión y explica que el personal internacional de Cicig disfruta de los privilegios e inmunidades otorgados a los expertos en misiones de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo VI de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. 

Tal artículo indica que se “les otorgarán las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones, durante el período de sus misiones inclusive el tiempo necesario para realizar los viajes relacionados con las mismas”.

Según informó el abogado "la Ministra de Relaciones Exteriores y la autoridad impugnada, están procediendo con notoria ilegalidad violando el artículo 10.2 de dicho Acuerdo y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas".

Carrillo solicitó que nuevamente que se decrete el amparo provisional dentro del amparo que ya promovió el 17 de octubre de este mismo año, y que se encuentra en curso ante la CC en contra del Presidente de la República, la Ministra de Relaciones Exteriores y el Director de Protocolo y Ceremonial Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En su solicitud de amparo, Carrillo indica que no es factible que, únicamente por medio de una nota diplomática, se restrinjan o condicionen las funciones del Comisionado y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, pues en todo caso de existir discrepancias entre la Comisión y el Gobierno de Guatemala, ésta no es la vía correcta para expresarlas. En esta línea de pensamiento y ley es que la disposición del Gobierno de Morales resultaría nula de pleno derecho.

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