29/09/2020

  • Seguridad y justicia

Empresario que pagó sobornos a Sinibaldi seguirá en prisión

  • Por Evelyn De León
28 de agosto de 2020, 12:08
Jaime Aparicio Mejía está sindicado en el caso Construcción y Corrupción. (Foto: archivo/Soy502) 

Jaime Aparicio Mejía está sindicado en el caso Construcción y Corrupción. (Foto: archivo/Soy502) 

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, rechazó dos solicitudes planteadas por la defensa del empresario constructor Jaime Aparicio Mejía, quien confesó haber pagado sobornos a Alejandro Sinibaldi. 

El abogado defensor de Aparicio Mejía, Juan Guevara, solicitó que se impusieran medidas sustitutivas en lugar de la prisión preventiva. La jueza no aceptó al considerar que las causas que motivan la cárcel no han cambiado, como el peligro de obstaculizar la investigación. 

La audiencia se realizó en la sede del Juzgado de Mayor Riesgo D. (
La audiencia se realizó en la sede del Juzgado de Mayor Riesgo D. (

La otra petición fue el cambio de centro carcelario. Se hizo de conocimiento público que Aparicio está siendo amenazado y dijo que incluso se le han realizado requerimientos de dinero en el penal donde se encuentra. La jueza Aifán tampoco accedió al traslado de prisión. 

Aparicio está acusado en el caso Construcción y Corrupción y es uno de los empresarios que ha dicho que fue extorsionado por Sinibaldi. 

El empresario 

Aparicio afirmó, en noviembre de 2017, que aceptó las condiciones impuestas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibald, debido a que su compañía pasaba por un momento negativo, pues arrastraba deudas con su proveedores.

El empresario explicó que el exfuncionario lo citó a una residencia ubicada en zona 10 donde le entregó un sobre que contenía diferentes facturas en blanco, con las cuales debía aparentar la legalidad de las coimas.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Comunicaciones tenía una deuda de arrastre de 100 millones de quetzales con la empresa de Aparicio Mejía, por lo que el empresario accedió a pagar 8.2 millones de quetzales en concepto de sobornos para que esta le fuera cancelada.

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