Tras más de un año desde que se giraron las órdenes de captura contra los involucrados en el fraude en la adjudicación de un contrato por el servicio de diálisis peritoneales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a Droguería Pisa, el proceso penal se ha entrampado.
El expediente permanece en la Sala Segunda de Apelaciones, luego que el pasado 3 de mayo, el Tribunal Octavo de Instancia Penal se excusara de conocer el proceso por los cuestionamientos a la objetividad de este órgano que efectuó la defensa de los 23 implicados.
La titular de la Asociación de Pacientes Renales de Diálisis Peritoneal del IGSS, Sorayda Macz, lamentó la situación y dijo temer que transcurran al menos seis meses para que un nuevo tribunal inicie el juicio debido a la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales.
Los pacientes afectados que figuran como querellantes en el proceso, también buscarán posteriormente que se impute a los involucrados en el fraude, los fallecimientos de más de 40 afectados a raíz del tratamiento proporcionado por Pisa.
Según el último recuento efectuado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), 44 pacientes renales murieron y 138 experimentaron una infección a raíz del tratamiento proporcionado por la compañía de capital mexicano.
Al menos tres acciones se han planteado en las últimas semanas contra el proceso penal del caso denominado IGSS-Pisa, una contra el auto de apertura a juicio, otra contra la jueza Silvia de León por aceptar las escuchas telefónicas como pruebas y otra en oposición a la resolución que dejó fuera un peritaje solicitado por la defensa.
David Pineda, abogado de dos de los directivos de la compañía, Ramiro Lorenzana y Édgar de La Peña, señaló que la última acción, fue resuelta por una Sala que ordenó a la jueza incorporar a las pruebas para el juicio un peritaje del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que establece que el servicio brindado por Pisa se apega a la norma médica.
