La Corte de Constitucionalidad (CC) aún no resuelve en definitiva los recursos planteados para definir si la Mina San Rafael sigue operando. La situación ha generado una serie de criticas y pronunciamientos solicitando a la CC agilizar la resolución.
Los últimos en solicitar una pronta resolución son el vicepresidente Jafeth Cabrera y la embajada de Estados Unidos; este último organismo dijo en un comunicado "es importante que la Corte de Constitucionalidad dictamine sin demora" también exhortó a todas las partes a llegar a acuerdos.
Pero, ¿qué atrasa a la CC?
De acuerdo al portavoz de la CC, Santiago Palomo, se espera que el magistrado Bonerge Mejía presente al pleno una ponencia del caso y que pueda ser discutida.
Según Rafael Maldonado, director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), organización que interpuso el amparo para que la mina deje de funcionar debido a que no se consultó a la población del lugar, el atraso puede ser por la carga laboral de la CC.
Maldonado dio a conocer que a través de datos obtenidos por medio de la oficina de Información Pública de la CC se supo que los magistrados recibieron antes de la apelación de la Mina San Rafael un mil 982 apelaciones, que deberían de resolver antes.
La Corte de Constitucionalidad realizó el 25 de octubre de 2017 la vista pública y según la Ley deberían de emitir la resolución cinco días después, situación que no se cumple en varios procesos.
El siete de marzo de 2018, la CC solicitó información y estudios a varios ministerios y a dos universidades para poder emitir una sentencia.
La CC pidió saber si en la región cercana al proyecto minero hay pueblos indigenas. Para ello, requirió estudios antropológicos al Ministerio de Cultura, al Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos (Usac) y al Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad del Valle.
El portavoz de la CC aseguró que al momento que se emita la resolución se hará pública.
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