El asesinato de Byron Lima podría influir en otros procesos judiciales

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El incidente ocurrido este 18 de julio en la Granja Penal Pavón, que acabó con la vida de Byron Lima y otros 13 reos, ha evidenciado las deficiencias que enfrenta el Sistema Penitenciario. Para algunos analistas, esto podría repercutir en otros proceso judiciales.

Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), dice que el ataque podría ser utilizado por varios abogados defensores como un argumento para solicitar una revisión de medida de coerción para los sindicados que guardan prisión preventiva. 

Catorce muertos es el saldo del incidente en la Granja Penal Pavón. (Foto: Wilder López/Soy502)

Esta situación se vio reflejada durante la audiencia en la que el Juzgado Décimo de Instancia Penal debía dar cumplimiento a la orden de una Sala que revocaba la libertad condicional de tres exdiputados y del exdirector del Congreso por un caso de plazas fantasma.

Los abogados señalaron que no se debía enviar a prisión a sus defendidos debido a que su vida corre peligro al estar consignados por el Sistema Penitenciario pues lo ocurrido a Lima podía pasarle a cualquiera.

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Así también, la defensa de Salvador Gonzáles, alias “Eco”, y Juan Carlos Monzón reiteró una solicitud al Juzgado B de Mayor Riesgo con el propósito de que sus clientes abandonen la prisión y se les asigne protección debido a que consideran que la vida de los colaboradores eficaces corre peligro.

Para Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), el incidente que califica como un reflejo de las debilidades de los presidios, también podría ser usado como una táctica para prolongar los procesos, ya que con la presentación de amparos u otros recursos para garantizar la integridad de los detenidos, se podrían posponer varias audiencias. 

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Ambos analistas coinciden en que, aunque no es un tema nuevo, el ataque de Pavón refleja la incapacidad que tienen las autoridades para garantizar la integridad de los presos y la seguridad de la población, pues al no tener un buen control, los reos podrían darse a la fuga en cualquier momento.  

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Monterroso hace un llamado a la reflexión e invita a los jueces y fuerzas de seguridad a estudiar otras medidas de coerción como la prisión domiciliar cuando no exista un riesgo real de fuga o el uso de dispositivos electrónicos para delimitar el movimiento de un acusado.