La oficina de Juan de Dios Rodríguez, presidente del Seguro Social, fue señalada de ser el escenario de una serie de reuniones que el año pasado decidieron la designación de varios funcionarios que podrían garantizar impunidad, como la Fiscal General del Ministerio Público, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones.
"Ahí se diseñó, planificó, financió y ejecutó una estrategia para copar varias instituciones, desde el Tribunal Supremo Electoral hasta la Contraloría General de Cuentas, pasando por el Organismo Judicial y la Fiscalía", afirmó Carmen Aída Ibarra del Movimiento Pro Justicia. "Muchos de los candidatos oficialistas para esos cargos estaban ligados al IGSS. Juan de Dios Rodríguez puso los medios para llevarlos hasta donde podían ser útiles a los altos mandos del Partido Patriota", añadió.
Aunque no han salido a luz pruebas contundentes de las reuniones donde se ejecutó esa estrategia, sí existen indicios que comprueban la vinculación de al menos dos magistrados de la CSJ con Juan de Dios Rodríguez. Un listado de asesores publicado en marzo de 2014 incluye a dos familiares directos de los hoy magistrados de la CSJ.
Nomina de asesores del 2014La primera en figurar es Lilian Ivonne Aguilar Guerra, asesora de la Subgerencia Administrativa del IGSS, hermana del actual magistrado Vladimir Aguilar Guerra, quien fungió el año pasado como Procurador General de la Nación.
En el referido listado de asesores, Aguilar Guerra se encuentra asignada al área legal de la Subgerencia Administrativa, pese a enfrentar una prohibición del Colegio de Abogados para ejercer su profesión.
Para la ex magistrada Claudia Escobar, quien denunció las presiones del partido oficial en la integración de las Cortes, la vinculación entre los personajes de esta red es evidente. "Vladimir Aguilar era una persona en extremo cercana al presidente Otto Pérez Molina, era su abogado", señala Escobar. "Y aquí vemos que la hermana de Vladimir Aguilar era también del grupo de Juan de Dios Rodríguez, el hombre de confianza del presidente Pérez Molina".
Por otro lado está el caso del hijo de la magistrada Blanca Stalling, Otto Fernando Molina Stalling, quien también fungió como asesor de la Subgerencia Administrativa del IGSS. En la actualidad, Molina Stalling guarda prisión, sindicado de pertenecer a una red que se benefició económicamente a través de un millonario contrato entre el IGSS y la empresa mexicana Droguería PISA.
Aguilar Guerra y Molina Stalling devengaron en el IGSS salarios que oscilaban entre 20 mil y 30 mil quetzales mensuales, junto con más de 300 asesores entre los cuales se encuentran amigos y ex militares de Rodríguez, así como otros parientes de personajes influyentes.
Investigación previa
Entre otras contrataciones en el Renglón 029 como asesores del IGSS, a fecha de marzo de 2014, según publicó en una investigación realizada por elPeriódico, se encontraban Doulgas Mauricio Urrutia Jerez, quien fue investigado por la apertura de varias empresas en Panamá que habrían sido utilizadas para el desvío de fondos.
Rafael Humberto Paredes Kress, asesor del IGSS y abogado de la empresa Servicios Médicos Profesionales (Meproser), proveedora del IGSS. Efrén Darío Leche Hernández, asesor de la Subgerencia y fue abogado de Edgar Augusto Godoy, ex jefe del Estado Mayor Presidencial, uno de los acusados del crimen de la activista Mirna Mack, entre otros.
