El diputado Felipe Alejos y el mandatario Jimmy Morales no solo comparten señalamientos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del Ministerio Público (MP), también contrataron al mismo abogado para que los defendiera. Su nombre es Alejandro Prado Estrada.
Prado Estrada se presentó esta semana al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal para que sea notificado sobre el camino que tome la solicitud de antejuicio contra el diputado señalado de tráfico de influencias y cohecho activo.
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"Nosotros nos apersonamos y sí pudimos examinar el expediente, ya tenemos la idea de lo que se plantea en la petición, estoy pendiente de reunirme con mi cliente para definir la estrategia de defensa y posibles declaraciones que se pueden dar al respecto", dijo Fernando José Porras Peñate, el otro abogado que junto con Prado Estrada se encargará del caso denominado Traficantes de Influencias, en el que está implicado Alejos.
Los servicios de Prado Estrada también fueron contratados por el Presidente, precisamente para defenderlo del antejuicio solicitado por el financiamiento electoral ilícito investigado por la CICIG y el MP, caso que fue archivado en el Congreso.
En la resolución en la que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió darle trámite al antejuicio contra el mandatario y trasladarlo hacia el Congreso, Prado Estrada figuraba como abogado defensor.
El abogado y la CICIG
Prado Estrada tiene historia con los casos del MP y la CICIG, pues en el pasado defendió al magistrado Erick Santiago de León, acusado de cohecho pasivo. El togado y dos allegados habrían solicitado 10 millones de quetzales para reducir una sanción de Q93 millones dictada contra una empresa mientras integraba la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil.
El nombre de Prado Estrada figura como el abogado que solicitó en la Corte de Constitucionalidad un amparo a favor de Santiago de León, pues pretendía que revocara el fallo con el que la CSJ designó a un juez pesquisidor contra el entonces funcionario.
Prado Estrada se graduó como abogado en la Universidad de San Carlos. Su tesis, aprobada en 2012, es un análisis jurídico de la inexistencia de peritajes ambientales dentro de la legislación penal guatemalteca.
Soy502 intentó comunicarse con el abogado por medio de su cuenta de Facebook, pero no respondió los mensajes. Porras Peñate además ofreció el número telefónico de su colega que lo acompañará en este caso, pero no lo hizo hasta finalizar la tarde del martes.
El Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal informó que hasta este miércoles no había trasladado el antejuicio a la CSJ, la cual deberá determinar si es pertinente darle trámite a la petición y designar un juez pesquisidor para luego, si es recomendable, retirarle la inmunidad a Alejos.
Porras Peñate no descartó que en los siguientes días presenten una solicitud de amparo para que la CSJ no conozca el antejuicio requerido por el MP y la CICIG.
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