La fiscalía solicitó este jueves una pena de 690 años de prisión para el exguerrillero guatemalteco Fermín Solano Barillas, acusado de ser el responsable de una matanza de 22 campesinos en 1988.
La sentencia o absolución de Solano Barillas podría dictarse el viernes cuando continuará el juicio que enfrenta en el departamento de Chimaltenango, donde este jueves se presentaron los argumentos finales.
El exguerrillero es acusado de ser el responsable de la llamada masacre de El Aguacate, en el municipio de San Andrés Iztapa (Chimaltenango), durante el conflicto armado interno (1960-1996) que según cifras oficiales dejó alrededor de 250.000 personas muertas o desaparecidas.
Solano Barillas es el primer exguerrillero en enfrentar la justicia por crímenes de guerra, mientras que varios militares de Guatemala han sido condenados por sus actos durante el conflicto.
El Ministerio Público (MP) solicitó una pena de 30 años de prisión por cada asesinato, además de otros 30 por delitos contra la humanidad, y recalcó durante sus conclusiones que Solano Barillas fue quien ordenó la masacre con "tratos crueles e inhumanos".
La defensa del sindicado precisó durante la audiencia que Solano Barillas se encontraba en México cuando ocurrió la matanza y además señaló contradicciones en la versión de los testigos que lo acusaron.
El Tribunal de Sentencia de Chimaltenango, programó para el viernes por la mañana su posible veredicto, tras suspender la audiencia de este jueves debido a que debían atender otros casos.
El MP ha presentado durante el proceso 90 pruebas en contra de Solano Barillas para intentar probar su participación en la masacre ocurrida entre el 22 y 28 de noviembre de 1988.
El acusado y la defensa han presentado siete pruebas a su favor y aunque no ha rendido declaración oficial, Solano Barillas dijo a periodistas durante una fase previa del juicio que se encontraba fuera del país al momento de la matanza.
El juicio contra el excombatiente, conocido con el alias de "Comandante David" durante la guerra interna, se inició en marzo pasado tras una denuncia interpuesta ante el MP en febrero de 2012 por el Grupo de Apoyo Mutuo, una organización no gubernamental de carácter humanitario integrada por víctimas del conflicto.
