El vocero presidencial, Heinz Hiemann, defendió la decisión del mandatario Jimmy Morales con la que exoneró del pago de 7.5 millones de quetzales a la Empresa de Seguridad Particular Elite, S.A. por un caso de defraudación de impuestos.
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) intervino a esta empresa el 18 de abril de este año, debido a que detectó que la compañía simuló compras y prestaciones de servicios para obtener beneficios fiscales. Sin embargo, menos de un mes después, el gobernante firmó el documento que la exonera del pago del 95% de las multas e intereses.
El documento de la exoneración fue publicado en una investigación realizada por Soy502. Pese a los esfuerzos, la Presidencia evitó responder a los cuestionamientos sobre la decisión del mandatario.
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Los representantes legales de la empresa son Juan Carlos Pérez Sicajá, un extrabajador de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, y César Augusto Cabrera Mejía, uno de los militares que enfrenta juicio por desapariciones forzadas, en el mismo caso por el que es buscado por la justicia el exdiputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN), Edgar Ovalle.
El portavoz evitó referirse a los vínculos entre los empresarios y el FCN. "El presidente Morales no puede conocer ningún caso que no venga con el aval de la SAT y la Secretaría General", señaló Hiemann.
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El vocero le dio mayor énfasis a que la compañía tendrá que pagar los impuestos atrasados y no a la exoneración en sí. "Imagínese cuánto serán los impuestos que se van a recuperar, es una cantidad muy buena que la SAT estaría recuperando", remarcó el funcionario.
Según Heimann, "esto forma parte de la política fiscal que viene de la administración del superintendente Foppa y que está continuando Abel Cruz para la recaudación tributaria".
Se intentó conocer la postura del exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, pero no atendió las llamadas.
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