Por Sebastián Escalón de Plaza Pública
El 30 de octubre de 2015, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales denunció penalmente ante el Ministerio Público al expresidente Álvaro Colom, el exvicepresidente Rafael Espada y todos los ministros de Estado en funciones en julio de 2010, por haber firmado la prórroga del contrato petrolero con la empresa Perenco.
A finales de 2015, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dirigido por Andreas Lehnhoff, hizo varias averiguaciones sobre los expedientes presentados por Perenco. Los funcionarios descubrieron que el gigante petrolero carecía de Estudio de Impacto Ambiental validado por las autoridades.
Descubrieron y denunciaron también otras anomalías como pérdidas de expedientes y retardos inexplicables en su tramitación. El 30 de octubre de 2015, el MARN presentó ante la fiscalía de delitos administrativos del Ministerio Público (MP), una denuncia penal en contra del Gabinete del expresidente Álvaro Colom, por la firma del contrato con Perenco.
“Ponemos la bandera roja sobre estas anomalías. Ahora le toca al MP y a la PGN hacer las investigaciones de los temas civiles y penales”, explicó Andreas Lehnhoff.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN), emitió la semana pasada un dictamen en el que recomendó que Perenco detuviera su proyecto mientras no contara con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado.
La petrolera franco-británica ha hecho oídos sordos y sigue operando.
Todo un gobierno en una denuncia
En la denuncia se señalan tres delitos: abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y omisión de denuncia. Los dos primeros delitos van en contra de Álvaro Colom, Rafael Espada y todos los ministros que integraban el Gobierno en julio de 2010, excepto Luis Ferraté, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Jerónimo Lancerio, de Cultura y Deportes, y Carlos Menocal, de Gobernación. Los tres se opusieron públicamente a la prórroga del contrato con la petrolera.
En el acuerdo gubernativo que dio vida a este contrato, ellos emitieron un voto razonado en el que explicaban su oposición. El último delito, omisión de denuncia, los incluye a ellos también, porque los funcionarios tienen la obligación de denunciar cualquier posible ilegalidad que conozcan.
Luis Ferraté niega haber incurrido en ese delito: su voto en contra del contrato petrolero cuenta como denuncia, asegura. Sus argumentos tendrían que haber servido de fundamento para que el Ministerio Público actuara de oficio, afirma.
Carlos Menocal dijo que, a la hora de votar, él no tenía ni el expertise ambiental, ni el conocimiento detallado del expediente como para contar con argumentos técnicos y legales. Su oposición a la prórroga, explica, fue más como una objeción de conciencia en contra de la explotación petrolera en la selva petenera. El ahora asesor del Congreso asegura aún no haber recibido ninguna comunicación del Ministerio Público relacionada con el caso.
La denuncia
En la denuncia penal, el MARN indica como motivos de la acción judicial, que “el riesgo al que se expone la fauna, flora y patrimonio cultural (…) en un área protegida es evidente”. Luego, específica los daños:
- Daños genéticos a peces y especies acuáticas
- Deforestación
- Disminución de poblaciones de especies amenazadas
- Contaminación de suelo, agua y aire
- Presencia de comunidades humanas que laboran en la actividad minera (realización de actividades agrícolas y ganaderas).
Con lo cual, concluye el MARN, la actividad petrolera “conlleva un deterioro para la salud y vida digna humana no solo de los guatemaltecos sino de todos los habitantes del mundo.”
Queda por ver la reacción del Ministerio Público ante esta denuncia. El portal digital Plaza Pública intentó conversar con los responsables de la Fiscalía de Delitos Administrativos, pero, según se informó en comunicación social del MP por el trámite que lleva el caso, en este momento no es posible adelantar algún detalle de la investigación.
Álvaro Colom aseguró que aún no ha sido llamado a declarar. Esto, más de tres meses después de que la queja llegara al MP.
Según el exministro de Ambiente, Andreas Lenhoff: “Guatemala debe determinar sus prioridades. Debe poner en la balanza si quiere privilegiar la explotación petrolera o las áreas protegidas. Si Guatemala determina que la explotación petrolera es más importante, entonces el Congreso debe revertir la declaratoria de áreas protegidas. Lo que no se puede es tener una ley de áreas protegidas y aceptar un contrato que contravenga esta ley”.
