Tras hacer un análisis de la solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) de constituirse como partes interesada en el proceso judicial por el caso TCQ (Terminal de Contenedores Quetzal), el juez Miguel Ángel Gálvez determinó aceptar a la primera entidad como agraviada.
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Gálvez rechazó la solitud de la CGC que pidió ser querellante provisional al explicar que las entidades descentralizadas no pueden serlo. Sin embargo, en el caso de la PGN, aceptó el planteamiento porque el fin de ésta es ser incluida como institución agraviada en el ejercicio de la acción reparadora.
Para resolver, el titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, requirió de un receso de 10 minutos, luego de escuchar las peticiones de las instituciones y los argumentos de la Defensa de los implicados que se negaba a que éstas fueran incluidas.
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La resolución se dio en el marco de la audiencia de primera declaración de 11 de los sindicados del caso de corrupción TCQ, entre los que figura el expresidente Otto Pérez y la exvicemandataria, Roxana Baldetti.
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