Un juzgado de trabajo reinstaló a Dolores Zeledón, quien hasta febrero laboraba como Coordinadora General de la Unidad de Acceso a la Información del Congreso de la República.
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Desde 2010, Zeledón mantuvo blindada la nómina del Congreso, entre otros datos que debían ser públicos por ley, lo que le generó varias denuncias al Organismo Legislativo.
Hasta diciembre de 2015, su salario era de Q32 mil 405.99, pero el incremento del 10% anual provocó que sus ingresos mensuales fueran de Q35 mil 646.59.
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Al igual que Zeledón, otros 51 exempleados del Congreso accionaron en contra de este organismo luego que el presidente Mario Taracena los destituyera en enero.