El capitán Melquíades Aparicio Bone no podrá volver a volar en Guatemala.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha decidido sancionar a este piloto con la cancelación de su licencia y una multa de 33 mil Derechos Especiales de Giro, equivalente a unos 300 mil quetzales, informó el Departamento de Comunicación Social de la entidad.
Aparicio acaparó atención nacional el domingo 14 de mayo de este año, cuando desapareció junto con la avioneta bimotor Piper 23 Azteca, matrícula N600MP, que él piloteaba y con la cual solo tenía autorización para aterrizar en los aeropuertos La Aurora, Mundo Maya (Tikal) y San José (Escuintla).
El reporte oficial de la DGAC indica que Aparicio tenía un plan de vuelo autorizado para dirigirse de la ciudad de Guatemala a Tikal, donde realizó dos toques de pista. Sin embargo, luego se trasladó a Poptún, Petén, e intentó dirigirse a Rubelsanto, Alta Verapaz. Cuando la torre de control le reiteró que no tenía autorización para esos movimientos y le ordenó retornar a Tikal para una revisión, perdió contacto. Tras ello, se inició una operación de búsqueda y rescate para dar con la avioneta, la cual llevaba tres pasajeros: Jaime Guido Santisteban Maldonado así como Ernesto y Javier Maldonado, todos guatemaltecos.
Un día después, Aparicio se presentó a rendir declaración a la DGAC y aseguró que había descendido en Poptún, pero no pudo explicar cuál era la ubicación actual de la avioneta o sus pasajeros. La institución estableció además que la aeronave no aterrizó en Rubelsanto.
La DGAC señala al piloto de violar varias leyes y normas de aviación. En particular, lo acusan de haber apagado a propósito el equipo que envía señal de ubicación a los radares, con lo cual habría puesto en peligro la navegación aérea del país.
Adicional a ello, el ente de aeronáutica destituyó a la esposa de Aparicio, Carla Fumagalli, quien laboraba como controladora aérea y estaba de turno el domingo en que desapareció la avioneta.
Según indicaron fuentes de torre de control, cuando se iniciaron las operaciones de búsqueda de la nave, la señora Fumagalli hizo varias llamadas y ordenó cancelar la misión de rescate, argumentando que su esposo se había comunicado con ella para asegurarle que había aterrizado por un desperfecto mecánico, pero que estaba bien.
La DGAC inició una denuncia penal en contra de Aparicio por sospechar que la avioneta desaparecida podría encontrarse al servicio del crimen organizado.
En la base de datos de la Administración Federal de Aviación (FAA, por su siglas en inglés), la nave extraviada aparece a nombre de una compañía ligada a Aparicio, al igual que otras cinco avionetas.
La nave matrícula N600MP no ha sido ubicada aún.
