Luego que los pacientes de la Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico (Unaerc) de Escuintla fueran trasladados a la sede de la ciudad de Guatemala por señalamientos de corrupción, autoridades anunciaron que la medida podría dilatar entre 3 o 4 meses.
El ministro de Salud, Mariano Rayo, explicó que los pacientes deberán continuar viajando hasta que se concluya la construcción y equipamiento de la sede de Unaerc en el hospital regional de Escuintla, la cual requerirá de una inversión de 5 millones de quetzales.
Como parte de los cambios, también se nombró a una nueva junta directiva para el servicio en el departamento sureño que abarca 190 pacientes que temporalmente, serán atendidos con máquinas nuevas en un espacio proporcionado por la Cruz Roja Guatemalteca en la zona 1 capitalina.
► MEDIDA TEMPORAL para #UNAERC #Escuintla.
Se cuenta con apoyo de transporte, el traslado no tiene ningún costo pic.twitter.com/rlgCIvQmiZ
En señal de rechazo al cierre de Unaerc Escuintla, pacientes renales tomaron las instalaciones y bloquearon por aproximadamente cuatro horas el paso vial en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico.
Los inconformes argumentaron dificultades para trasladarse a la capital para recibir el tratamiento; sin embargo, autoridades ministeriales aseguraron que la Cartera garantizará el viaje de los pacientes.
Bloqueo en km 37 de ruta a El Pacífico provoca fuerte congestionamiento vehicular. pic.twitter.com/UGQ8bmysGf
Rayo indicó que la decisión responde a una sobrevaloración del servicio de hemodiálisis, que aumentaría la inversión del Ministerio en casi 200 quetzales por paciente.
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Unaerc adjudicó en septiembre del 2014 un contrato por Q5 millones 615 mil para el arrendamiento de infraestructura para servicio de hemodiálisis, equipo e insumos a la empresa Sabiapharma, S.A.
Según autoridades, cada tratamiento de hemodiálisis en Escuintla era de Q400, mientras que en la capital es de Q193 @soy_502
Según la investigación del caso “Negociadores de la Salud”, la farmacéutica referida está ligada a Gustavo Alejos, quien permanece prófugo, luego que el Ministerio Público solicitara su captura por ejercer tráfico de influencias con las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para beneficiar a determinados proveedores.
