Tan sólo siete años después de la fotografía en la que se veía felizmente al expresidente Álvaro Colom cortando la cinta de la inauguración del Transurbano, el panorama del servicio de transporte interurbano es totalmente diferente.
Acusado de recibir un subsidio ilícito de 35 millones de dólares y recientemente allanado por las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía Especial Contra la corrupción del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el servicio ha seguido operando con normalidad como si nada hubiera pasado a lo interno de la empresa, hasta este jueves, cuando los pilotos de las unidades del eje sur de la capital han decidido paralizar las rutas de la zona 12, 21 y Villa Hermosa hasta que se les libere el dinero del último pago y que se le torna complicado a la empresa después de que le suspendieran el subsidio.
"El proceso está sumido en una crisis financiera", explicó Edgar Guerra, Defensor del Usuario del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
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Guerra señaló que el panorama del Transurbano se ve muy oscuro y que habría que tomar medidas inmediatas para solventar esta situación.
La ola crítica se agravó en el Transurbano-Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (Siga) a partir de que la Procuraduría General de la Nación (PGN) determinó que el subsidio que se había pagado a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) no era legal.
A partir de ese momento comenzó la investigación a raíz de unas denuncias interpuestas por la Contraloría General de Cuentas, el exdiputado Aníbal García y la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos (Asopagua) para determinar las responsabilidades de esas anomalías.
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Según representantes de los pilotos afectados, se está esperando a que se libere el dinero de sus cheques para recibir el salario. "Al momento en que reciban el dinero, el servicio quedará restaurado", añadió el Defensor.
Por su parte, la empresa se defendió justificando que los pagos se realizarán entre el 5 y 10 de cada mes, según se había acordado.
El MP allanó las oficinas de Transurbano-Siga por diversas denuncias que los señalan de anomalías en la contratación de personal de seguridad, la recepción y distribución del subsidio, la construcción de las paradas seguras, así como irregularidades en el cobro electrónico.
Respecto a la adquisición del sistema prepago, supuestamente se usaron 33 millones de dólares de las arcas del Estado para comprar equipo que no ha sido utilizado. Además, estaba contemplada la asignación para la compra de repuestos e instalación de paradas seguras.
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Además, la entrega y distribución del subsidio ha sido una denuncia constante por parte de los pilotos que incluso acusaron penalmente de extorsión en 2013 a Luis Gómez, entonces vicepresidente de la AEAU. Los pilotos denunciaron que les cobraba para entregarles el dinero que les correspondía.
