La presentación de peritos y testigos que el Ministerio Público (MP) realiza como parte del juicio Botín Registro de la Propiedad fue interrumpida por una de las sindicadas que pidió rendir su declaración ante el Tribunal. Ella señaló a la exregistradora Anabella de León como la responsable.
Se trata de Gabriela María Caridi, quien ocupó el cargo de jefa de Recursos Humanos tras la salida de Samantha Mejía, también implicada en el proceso penal.
"El control era de los jefes", dice Caridi al justificar por qué se permitía que no todos los contratistas llegarán a trabajar @soy_502 pic.twitter.com/7Dr6xEKmPV
Según la investigación, Caridi y Mejía facilitaron 16 plazas anómalas en la institución bajo el renglón 029. Para el efecto, se presentaban informes y facturas que permitían que se emitiera el pago, cuyo total asciende a 3 millones de quetzales.
De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, las 16 personas no se presentaban a trabajar al lugar que señalaba su contrato y siete de ellas tenían un empleo en otra institución.
Caridi se defiende con el argumento de que todas las planillas pasaban por auditoría interna. "Era mi respaldo", agrega @soy_502 pic.twitter.com/xRrMuOqB3O
De esa cuenta, Caridi explicó que todas las contrataciones que ella aprobó durante su paso en el Registro, entre 2012 y 2015, fueron por instrucción de Anabella de León.
Caridi detalló que fue De León quien le ordenó que firmara y que, incluso, algunas instrucciones eran giradas a través de memorándum.
Caridi dice que ella, como subordinada de Samantha Mejía y Anabella de León, no podía exigir explicaciones de las contrataciones @soy_502 pic.twitter.com/lhPk9rbGC2
La señalada por los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica calificó como injusto que lleve un año en prisión preventiva por cumplir con su trabajo.
Caridi resaltó que no se le dio explicación alguna del motivo de las contrataciones anómalas y que los pagos eran girados directamente por la Dirección Financiera.
El debate oral se lleva a cabo contra más de 20 personas señaladas de crear una estructura que fingió plazas y eventos en el Registro de la Propiedad Inmueble, a fin de beneficiarse con fondos públicos. Entre los acusados, figuran el hijo y el hermano del Presidente, José Manuel y Samuel Morales.
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