Mónica de Jesús Rivas Gil, la viuda del empresario asesinado en 2011 Byron Geovani Andrade, habría pagado a la banda de sicarios unos 500 mil quetzales por la muerte de su entonces esposo, revela la investigación de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP).
Las pesquisas lograron establecer que Rivas Gil pretendía gozar de la fortuna total de su cónyugue, que oscilaba, en 2011, en 40 millones de quetzales, para lo que pidió la ayuda de Juan Carlos Ramírez Acevedo, con quien tenía una relación extramarital.
Después de la muerte de Andrade, la viuda empezó a realizar trámites para traspasar bienes inmuebles, cuentas bancarias y patentes de sociedades a su nombre.
Los fiscales han establecido que Mónica Rivas tomó el control de una patente de derechos de propiedad industrial, que le generaba al año ganancias por 30 millones de quetzales.
La viuda fue capturada el domingo en el aeropuerto Internacional La Aurora cuando regresaba de un viaje de Houston, Texas, y este martes se desarrollará a puerta cerrada la audiencia de primera declaración en el juzgado B de Mayor Riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.
El MP pidió la reserva del caso por existir al menos cuatro personas pendientes de capturar, pero el juez rechazó la petición.
El fin de semana también fueron capturados los amigos del empresario asesinado Danilo Henry Rivas Gil (hermano de Mónica) y el colombiano Jaime Barahona Cordobés, quienes entre mayo y junio de 2011 habrían contratado a la banda de sicarios.
El hijo del empresario fallecido y que estaba presente el día del ataque armado, el 22 de junio de 2011 en el complejo deportivo Perfect, ha pedido ser querellante en el proceso judicial contra Mónica Rivas.
Los tres detenidos son, según el MP, los autores intelectuales del asesinato. Esta entidad pidió al juez de Gálvez que sean ligados a proceso por parricidio contra Gil y asesinato en grado de tentativa; para los otros dos asesinato y asesinato en grado de tentativa.
Ocho de los autores materiales fueron sentenciados en 2013 a penas de 33 y 41 años de prisión.
La evidencia del MP consiste en la declaración de un colaborador eficaz, análisis de las comunicaciones telefónicas que mantuvieron y análisis financieros de los movimientos realizados por la sindicada Mónica Gil y que determinaron que antes de ordenar su muerte trasladó fuertes sumas de dinero a sus cuentas personales.
